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Negligencia médica a paciente crítica en Toluca

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Ana E. Rosete
GRUPO CANTÓN

En medio del reciente anuncio del Servicio Universal de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación, el caso de Patricia Munguía exhibe una realidad opuesta dentro de las instituciones públicas: presunta negligencia médica, trabas burocráticas y acoso laboral contra una paciente en estado crítico.

Patricia, trabajadora y derechohabiente del ISSEMyM, enfrenta un diagnóstico grave: hematoma perirrenal izquierdo y un aneurisma en el seno renal de siete centímetros. De acuerdo con indicaciones médicas, requiere una cirugía de urgencia ante el riesgo inminente de hemorragia masiva y falla cardíaca.


Sin embargo, en el Centro Médico ISSEMyM de Toluca, la atención le ha sido negada. Bajo el argumento de “seguir protocolo”, la institución le exige iniciar desde cero un trámite de interconsulta en Angiología, pese a la urgencia de su condición. Para su familia, esta dilación representa “una sentencia de muerte en cámara lenta”.

La denuncia también apunta a posibles violaciones a derechos laborales y humanos. Patricia señala directamente al doctor Roberto Fidel García Millán, quien es el director del centro oncológico estatal del ISSEMyM y jefe directo de la mujer a quien acusa de encabezar una campaña de hostigamiento derivada de su condición de paciente trasplantada.

Según su testimonio, el funcionario habría ordenado incluso una revisión externa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para cuestionar la veracidad de su trasplante, lo que detonó un entorno laboral adverso que hoy, afirma, se traduce en la negativa de atención médica.

El caso contrasta con los principios de la Ley General de Salud, que establece la obligación de garantizar atención oportuna, proteger la vida y evitar cualquier forma de discriminación, especialmente en pacientes en situación vulnerable.

Familiares de la afectada cuestionan: “Si no pueden atender a sus propios trabajadores, ¿cómo van a garantizar la salud universal?” Hicieron un llamado urgente a autoridades del Estado de México y a organismos de derechos humanos para intervenir en el caso.

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