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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El martes la circulación en dos de las principales vialidades del municipio de Coacalco fue interrumpida por padres de familia y estudiantes que exigieron condiciones de seguridad tras la presunta amenaza de un alumno de secundaria de perpetrar un ataque armado dentro del plantel.
El bloqueo se registró en el cruce de Eje 8 y Eje 11, en la colonia San Rafael, donde decenas de personas se concentraron para visibilizar su inconformidad ante la falta de respuesta inmediata por parte de autoridades escolares y municipales. La protesta derivó del temor generado entre la comunidad educativa, luego de que se difundiera que un estudiante habría advertido sobre la posibilidad de realizar un tiroteo.
Ante esta situación, padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a clases, argumentando que no existían garantías para su integridad física. Sin embargo, señalaron que la dirección del plantel decidió mantener las actividades con normalidad y advirtió que las faltas serían registradas sin justificación, lo que fue interpretado como una postura indiferente frente al riesgo.
“Nosotros no vamos a exponer a nuestros hijos, preferimos perder el día que arriesgar su vida”, expresó una madre de familia que participó en la manifestación. Otros padres coincidieron en que la falta de protocolos claros y de vigilancia incrementó la incertidumbre dentro y fuera de la escuela.
Durante varias horas, los manifestantes mantuvieron cerradas ambas arterias, lo que generó afectaciones a la movilidad en la zona. En el lugar se solicitó la intervención de autoridades educativas y de seguridad para implementar medidas preventivas, entre ellas revisión de mochilas, presencia policial y seguimiento al alumno señalado.
Hasta el cierre de la jornada no se había confirmado la identidad del estudiante ni la veracidad de la amenaza, mientras que autoridades municipales no emitieron un posicionamiento público.
El caso se suma a un contexto estatal en el que se han documentado incidentes relacionados con armas en centros escolares, lo que mantiene la preocupación entre padres de familia y docentes sobre la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de riesgo.
