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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La historia de Anaid Belén García Alfaro no comenzó con su muerte, sino con una cadena de advertencias ignoradas por las autoridades. La activista, de 37 años, fue encontrada sin vida el pasado 25 de marzo en el municipio de Tultitlán, luego de haber denunciado durante meses amenazas directas, agresiones físicas y ataques contra los animales que resguardaba.
Desde el 14 de noviembre de 2024, la víctima acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar un proceso legal. En sus declaraciones identificó a sus presuntos agresores vecinos que buscaban despojarla de su vivienda y aportó evidencia de los ataques, incluidos golpes visibles en su rostro. A pesar de la gravedad de los hechos, no se activaron medidas de protección ni se garantizó su seguridad.
La omisión institucional se extendió también al ámbito municipal. En Tultitlán no hubo intervención preventiva ni seguimiento a un conflicto que escaló públicamente. Colectivos animalistas aseguran que las agresiones eran conocidas en la zona, pero nunca atendidas con la urgencia que el caso exigía.
El 19 de marzo se reportó su desaparición. Durante casi una semana, fueron voluntarios y activistas quienes emprendieron la búsqueda, recorriendo calles, terrenos y espacios abandonados. Las autoridades permanecieron rebasadas o ausentes. El desenlace llegó el 25 de marzo, cuando su cuerpo fue localizado sin vida.
Anaid Belén había advertido el riesgo. “No quiero ser un número más”, escribió antes de morir. Su frase hoy sintetiza la indignación de colectivos que acusan a la Fiscalía mexiquense y al gobierno municipal de actuar con negligencia e indiferencia.
El caso no sólo expone un crimen, sino una falla estructural: la incapacidad —o falta de voluntad— de las autoridades para proteger a quien denuncia. La muerte de Anaid Belén evidencia un patrón donde las alertas previas no generan acción, y la justicia llega únicamente después de consumada la tragedia.
