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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La regularización del transporte público en el Estado de México volvió a posponerse. La autoridad estatal determinó extender hasta el 18 de diciembre de 2026 el plazo para que concesionarios concluyan trámites pendientes, una decisión que, lejos de resolver el problema, prolonga la operación de unidades en condiciones irregulares en municipios como Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca.
El acuerdo, publicado oficialmente, responde a un rezago administrativo que comenzó a acumularse desde 2021, cuando múltiples concesiones quedaron sin actualización o con trámites inconclusos. Desde entonces, la estrategia institucional ha sido extender plazos para evitar la suspensión del servicio; sin embargo, esta política ha derivado en un sistema que opera con estándares desiguales y, en muchos casos, sin cumplir con requisitos mínimos.
De acuerdo con lo establecido, los transportistas podrán acceder a una prórroga provisional aun sin contar con la validación técnica completa, mientras se actualizan lineamientos en materia de revisión físico-mecánica, instalación de cámaras, geolocalización y botones de emergencia. En la práctica, esto significa que unidades con desgaste avanzado o sin equipamiento de seguridad seguirán prestando servicio.
Para usuarios cotidianos, la medida representa una nueva señal de abandono institucional. “Nos subimos a combis que fallan, que no tienen cámaras y que son inseguras. Ellos tienen más tiempo, pero nosotros seguimos igual”, señaló un trabajador que diariamente viaja desde la periferia hacia la capital mexiquense.
Especialistas en movilidad advierten que la decisión responde más a la necesidad de mantener la cobertura del servicio que a una verdadera transformación del sistema. La falta de renovación vehicular, sumada a la ausencia de supervisión efectiva, mantiene un modelo que depende de unidades obsoletas y prácticas informales.
Aunque la autoridad establece que después de 2026 no habrá más extensiones, el antecedente de prórrogas continuas ha generado desconfianza. En tanto, millones de personas seguirán utilizando un transporte que, lejos de modernizarse, continúa operando en los márgenes de la irregularidad, con costos que no solo se reflejan en el bolsillo, sino en la seguridad diaria de quienes lo utilizan.
