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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El desorden en la vía pública del centro de Amecameca se ha convertido en una constante que ha encendido la inconformidad ciudadana. Habitantes de la cabecera municipal denuncian que banquetas y calles han sido ocupadas de manera irregular por comerciantes ambulantes y particulares, lo que ha reducido significativamente los espacios destinados al tránsito peatonal.

De acuerdo con testimonios vecinales, la problemática se concentra principalmente en el primer cuadro, donde los puestos semifijos y la colocación de mercancía invaden el paso.
Esta situación obliga a los peatones a descender al arroyo vehicular, exponiéndose directamente al tránsito y aumentando el riesgo de accidentes.
El fenómeno, señalan, no es reciente, pero sí se ha agravado ante la ausencia de operativos de control por parte de la autoridad municipal. A pesar de reportes constantes, los habitantes aseguran que no existe una estrategia clara para liberar las banquetas ni sanciones visibles para quienes ocupan de forma indebida el espacio público.
Los sectores más afectados son adultos mayores, personas con discapacidad y niños, quienes enfrentan mayores dificultades para desplazarse. La falta de condiciones seguras ha transformado trayectos cotidianos en recorridos peligrosos. “Salir a caminar implica esquivar puestos o bajarse a la calle con autos circulando”, refirió un vecino.
A esta situación se suma el apartado ilegal de estacionamientos mediante objetos, práctica que ha generado fricciones entre vecinos y automovilistas. Denuncian que quienes colocan estos obstáculos reaccionan con agresividad al ser confrontados, lo que ha incrementado los conflictos en la zona.
El impacto también alcanza al sector turístico, uno de los principales motores económicos del municipio. Visitantes reportan dificultades para transitar y estacionarse, además de percibir una imagen urbana deteriorada.
Ante este escenario, los habitantes exigen a la administración municipal la implementación inmediata de operativos de reordenamiento, el retiro de obstáculos y la aplicación de sanciones. Advierten que, de no atenderse, el problema podría escalar y afectar de manera más profunda la convivencia social y la actividad económica local.