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Por Jorge Gómez Naredo
@jgnaredo
México vivió durante décadas bajo el dominio de un partido hegemónico: el PRI. Fueron años en los que la democracia era una simulación y las elecciones tenían un desenlace previsible: ganaban los mismos de siempre.
Las reformas democráticas no surgieron de ese régimen, sino de la presión de movimientos sociales y actores políticos que denunciaron, una y otra vez, la falta de libertades y de competencia real. Así ocurrió en 1988, después del fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, cuando nació el Instituto Federal Electoral y se le quitó al gobierno el control directo de las elecciones.
En 2000, con el triunfo de Vicente Fox, muchos pensaron que México por fin había entrado a la democracia. Pero en 2006 el PAN mostró que la alternancia no bastaba: también recurrió al fraude. En 2012 volvió a ocurrir. Parecía que la lucha democrática había sido derrotada.
Sin embargo, en 2018, el pueblo mexicano abrió una nueva ruta. Con una votación masiva por Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que sí quería democracia. Desde entonces, en México no ha habido fraudes electorales.
Por eso importa tanto el debate actual. En 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una reforma electoral para hacer más austero y eficiente nuestro sistema democrático. La oposición decidió rechazarla. Frente a ello, se planteó un Plan B para avanzar y ahorrar recursos.
Lo que hoy está en disputa no es sólo un cambio técnico. Es una visión de país. De un lado están quienes quieren una democracia menos costosa y más cercana al pueblo. Del otro, quienes defienden un modelo caro, burocrático y útil para conservar privilegios.
Por eso la oposición rechaza cualquier cambio de fondo. No defiende la democracia: defiende sus ventajas. Y justo por eso el Plan B resulta necesario.
De eso trata, en el fondo, este debate.
