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El hecho se dio cuando acudió al inmueble a recuperar una propiedad que era ocupada de manera ilegal en Chalco, Estado de México
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El mediático caso de doña Carlota dio un giro este martes, ya que las autoridades judiciales aprobaron la prisión domiciliaria, por lo que continuará el proceso de investigación por el asesinato de dos personas en Chalco cuando, aparentemente, intentó a punta de pistola, recuperar una propiedad suya ocupada de manera ilegal.
Carlota Alfaro Quintana, bautizada por la opinión pública como la abuelita sicaria, fue notificada que podrá continuar su proceso penal por homicidio calificado bajo la medida de prisión domiciliaria, fue tras una audiencia de aproximadamente una hora en los juzgados municipales que un juez de control modificó la medida cautelar en respuesta a un amparo promovido por su defensa, donde se argumenta que mantenerla en un centro penitenciario vulneraba sus garantías individuales dada su edad avanzada de más de 72 años (ella tiene 74) y su estado de salud delicado.
De acuerdo a lo que se expone en el recurso presentado por sus abogados, Alfaro Quintana padece de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, por lo que un juzgador lo admitió, estableciendo, además, una garantía económica de 250 mil pesos, así como la prohibición de contar con pasaporte y la obligación de acudir a los juzgados cuando sea requerida.
Una vez que se diera a conocer el fallo, su familia lo celebró, uno de sus hijos, de nombre Arturo, indicó que doña Carlota podría establecerse en su domicilio entre el viernes o sábado próximos.
Además, subrayó que la decisión a favor de la adulta mayor de parte del togado, se debe a una medida por razones humanitarias, aunque sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N” permanecen recluidos por el mismo caso.
Cabe recordar que la señora Carlota enfrenta imputaciones por los homicidios de Justin Márquez, de 19 años, así como de su padre Esau Márquez, de 51, además de cargos por lesiones en contra de un menor de 15 años, mismos que se dieron durante un conflicto por la aparente invasión de una vivienda de su propiedad en Candelaria Tlapala, Chalco.
