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Por Diana Sánchez Barrios
Un tema que preocupa a los habitantes de la Ciudad de México es la creciente gentrificación de algunas importantes zonas de nuestra Metrópoli. La gentrificación no es únicamente un fenómeno urbano o inmobiliario sino que es ante todo, un proceso político, económico y cultural que redefine quién tiene derecho a habitar la ciudad y quién es progresivamente expulsado de ella. Bajo el discurso de la “renovación urbana”, de la “revitalización de los barrios” o de la “modernización”, lo que con frecuencia ocurre es la transformación del espacio urbano en mercancía, donde el valor financiero del suelo se impone sobre el valor social de la vida comunitaria.
En distintos barrios históricos y populares como las colonias céntricas de la ciudad que durante décadas han sido espacios de vida, trabajo y cultura para sectores medios y populares. La llegada de capitales inmobiliarios, turismo global y plataformas digitales de renta de corto plazo produce un aumento acelerado de los precios de vivienda, renta y servicios. Este incremento no es neutral porque desplaza silenciosamente a habitantes históricos, comerciantes de barrio, adultos mayores y familias trabajadoras que ya no pueden sostener el costo de vivir en el lugar donde han construido su vida cotidiana.
La gentrificación, en este sentido, produce una forma contemporánea de exclusión urbana. No se trata de una expulsión violenta en términos físicos inmediatos, pero sí de una presión económica constante que termina por romper los vínculos sociales, comunitarios y culturales que dan identidad a los barrios. La ciudad se vuelve entonces un espacio selectivo, cada vez más diseñado para consumidores globales, turistas o sectores de altos ingresos económicos, mientras que quienes sostienen la vida cotidiana de la capital –trabajadores, comerciantes populares, artistas locales o estudiantes- son desplazados hacia periferias cada vez más lejanas.
Los procesos de gentrificación entran en tensión directa con el principio democrático del “derecho a la ciudad” formulado por el sociólogo Henri Lefebvre, quien planteó que la ciudad no debe ser entendida como un simple objeto de inversión, sino como una obra colectiva construida por quienes la habitan. El derecho a la ciudad implica la posibilidad real de permanecer, habitar, participar y transformar el espacio urbano.
Cuando la lógica del mercado inmobiliario domina la planificación urbana, ese derecho se debilita profundamente.
En la Ciudad de México, donde la desigualdad territorial ya es histórica, la gentrificación corre el riesgo de producir una ciudad fragmentada con centros urbanos cada vez más exclusivos y periferias cada vez más precarizadas. El problema no es la diversidad ni la llegada de nuevos habitantes, dado que la ciudad siempre ha sido un espacio pluralista y de mezcla continua, sino la ausencia de políticas públicas que regulen el mercado del suelo, protejan el acceso a la vivienda y garanticen que la renovación urbana no se convierta en un desplazamiento social.
Frente al fenómeno de la gentrificación, la defensa de la ciudad como bien común se vuelve central. Esto implica fortalecer políticas de vivienda asequible, regular las rentas especulativas, proteger el comercio popular y reconocer que la riqueza de la Ciudad de México reside principalmente en su diversidad social, cultural y económica. Una ciudad democrática no puede convertirse en un producto exclusivo para quienes pueden pagar más por ella.
Por ello, he presentado distintas iniciativas legislativas en el Congreso de la Ciudad de México en apoyo a las políticas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para revertir el fenómeno de la gentrificación. Esta lucha, en última instancia, no es una lucha contra el cambio urbano, sino en contra la injusticia urbana. Se trata de defender la idea de que la ciudad pertenece a quienes la habitan, la trabajan y la sostienen día con día.
