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El fallo judicial ordenó entregar a dos menores a su madre pese a que los niños habían vivido con su padre y expresaron ante el juez su deseo de permanecer con él
REDACCION
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Otumba la inconformidad por una resolución judicial en materia de guardia y custodia derivó en una manifestación frente a los juzgados de este municipio, donde familiares de un padre de familia denunciaron lo que consideran un proceso irregular que terminó con la entrega de dos menores a su madre.
Con pancartas y consignas, los inconformes señalaron que la decisión judicial ignoró el entorno en el que los niños habían vivido durante los últimos meses y no tomó en cuenta, aseguran, la voluntad que los menores habrían expresado durante la audiencia correspondiente.
El conflicto legal inició el 16 de julio de 2025, cuando comenzó el proceso por la custodia de los dos menores. Durante aproximadamente ocho meses, los niños permanecieron bajo el cuidado de su padre en el municipio de Otumba, donde —según familiares— habían logrado estabilidad en su vida cotidiana, incluida su asistencia escolar y convivencia familiar.
La audiencia decisiva se realizó el pasado 10 de marzo, cuando se llevó a cabo el procedimiento conocido como “escucha del menor”, mecanismo legal mediante el cual niñas y niños pueden expresar su opinión en los procesos judiciales que impactan su vida familiar.
De acuerdo con los manifestantes, durante esa diligencia los menores habrían manifestado su deseo de continuar viviendo con su padre. No obstante, la resolución emitida por el juez Óscar Cueto Cruz determinó que la custodia debía ser entregada a la madre.
La decisión generó molestia entre los familiares, quienes consideran que el fallo no atendió el principio del interés superior de la niñez ni tomó en cuenta el contexto en el que los menores se encontraban integrados.
Durante la protesta también surgieron señalamientos contra funcionarios del juzgado. Los inconformes acusaron que, durante el proceso, existieron obstáculos administrativos que retrasaron el acceso al expediente y generaron dilaciones que, a su juicio, favorecieron a la parte contraria.
Entre los señalamientos fueron mencionados el secretario del juzgado y personal de actuarios, a quienes los manifestantes responsabilizan de presuntas irregularidades durante el desarrollo del caso.
Incluso, algunos participantes de la protesta mencionaron la sospecha de posibles actos de corrupción previos a la audiencia final, aunque hasta el momento no existe una denuncia formal presentada ante autoridades competentes.
Para los familiares del padre, el caso no sólo representa una disputa legal, sino un ejemplo de lo que consideran fallas en el sistema de justicia familiar, donde —afirman— las decisiones pueden tomarse sin claridad para las partes involucradas.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto. Para la familia inconforme, la batalla judicial apenas comienza y su exigencia es clara: que se revise una decisión que, aseguran, cambió de manera abrupta la vida de dos menores.
