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Empresarios y propietarios de pequeñas y medianas unidades económicas denunciaron presuntas prácticas de corrupción en la Dirección de Desarrollo Urbano municipal
MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Coacalco empresarios y propietarios de pequeñas y medianas unidades económicas denuncian prácticas administrativas que califican como abusivas y arbitrarias por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, situación que —afirman— pone en riesgo la operación de sus negocios y evidencia un clima de corrupción dentro del gobierno local.
De acuerdo con testimonios de comerciantes, inspectores municipales han exigido pagos que van de 50 mil hasta 200 mil pesos para regularizar licencias de uso de suelo o resolver supuestas irregularidades administrativas. Quienes no acceden a estas exigencias aseguran enfrentar sellos de suspensión o clausuras temporales, incluso en negocios que han operado durante años como tiendas de abarrotes, talleres, gimnasios y pequeños restaurantes.
Este problema impacta a un sector importante de la economía municipal. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Coacalco existen más de 14 mil unidades económicas, de las cuales cerca del 90 % son micro y pequeños negocios dedicados principalmente al comercio y servicios. Estas empresas representan una fuente clave de empleo para miles de familias del municipio.
Propietarios afectados señalan que, tras las inspecciones, algunos establecimientos han permanecido cerrados durante semanas, lo que ha provocado pérdidas económicas considerables y afectaciones directas al ingreso de trabajadores y familias que dependen de estos negocios.
Comerciantes también denuncian que algunos de los montos solicitados no se reflejan en recibos oficiales, lo que genera sospechas de cobros discrecionales fuera de la normatividad.
De acuerdo con la información del propio ayuntamiento, la licencia de uso de suelo debe tramitarse conforme al Código Administrativo y al Código Financiero del Estado de México, con pagos que se realizan únicamente en la tesorería municipal y bajo procedimientos establecidos.
Sin embargo, empresarios sostienen que en la práctica enfrentan presiones, requisitos adicionales y trámites opacos, situación que ha generado un ambiente de desconfianza hacia las autoridades municipales y ha fortalecido la percepción de que la corrupción persiste en áreas clave de la administración local, particularmente en los procesos de regulación urbana y apertura de negocios.
