Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La administración municipal de Calimaya enfrenta nuevas acusaciones por presuntas presiones ejercidas contra organizaciones vecinales, lo que ha encendido el malestar entre habitantes de distintos fraccionamientos que denuncian prácticas irregulares por parte de funcionarios locales.
De acuerdo con documentos difundidos por la Asociación Fuentes de los Leones Calimaya A.C., encargada de la administración del fraccionamiento Bosque de las Fuentes Residencial, autoridades del área de Desarrollo Urbano habrían condicionado la renovación de un comodato —figura jurídica que permite a los colonos gestionar áreas comunes— a cambio de la entrega de bienes materiales al gobierno municipal.

El acta circunstanciada señala que el 16 de enero de 2025 representantes vecinales fueron convocados a una reunión oficial donde se planteó la posibilidad de agilizar el trámite administrativo a cambio de un “apoyo” para la nueva administración municipal, que incluiría desde equipos de cómputo hasta un vehículo.
Según el testimonio de los colonos, la petición fue reiterada días después en un segundo encuentro, donde funcionarios municipales insistieron en que la entrega de apoyos permitiría “facilitar” los procesos administrativos pendientes.
Frente a esta situación, la presidenta de la asociación vecinal, Mayra Xelhuantzi Ramos, informó a los residentes mediante un comunicado en el que cuestionó abiertamente si el costo de mantener el comodato debía ser entregar bienes al gobierno municipal.
Para los habitantes del fraccionamiento, el conflicto refleja una preocupante falta de profesionalismo y de capacidad institucional por parte de las autoridades municipales, quienes —afirman— han convertido trámites administrativos en herramientas de presión política.
El problema no se limita a Bosque de las Fuentes. En Villas del Campo, otro fraccionamiento del municipio, vecinos también denuncian intentos del Ayuntamiento por intervenir en la administración vecinal y el control de recursos comunitarios que superan los 12 millones de pesos anuales.
Ante este escenario, colonos han advertido que continuarán documentando las presiones y no descartan acudir ante instancias judiciales para frenar lo que consideran un abuso de poder por parte del gobierno municipal.