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Por Eduardo López Betancourt
Cambios en el poder legislativo
La reforma electoral ha suscitado innumerables dudas. Lo que menos conviene al gobierno actual es presentar una propuesta que deje insatisfechos a amplios sectores de la sociedad. Partamos de una premisa elemental: ningún cambio alcanzará consenso unánime; siempre habrá inconformidades. Sin embargo, lo deseable es aproximarse a transformaciones que realmente representen un avance. En un asunto tan delicado como la representación política, corresponde a la ciudadanía valorar con cuidado cualquier modificación. Lo peor que podría ocurrir es que los ajustes se reduzcan a meras pinceladas, irrelevantes e incapaces de producir una verdadera transformación. Es precisamente ahí donde el gobierno debe dejar constancia de su voluntad de impulsar algo verdaderamente trascendente.
En ese contexto, la información que ha trascendido señala que los principales cambios se concentrarían en el Poder Legislativo. Se ha mencionado la reducción del número de senadores, mientras que la Cámara de Diputados permanecería con la misma cantidad de integrantes. Y, sin ánimo de incomodar, conviene reconocer que una parte considerable de los legisladores ha demostrado una eficacia muy cuestionable. En la práctica, muchos representantes populares parecen dedicarse a todo menos a legislar: buscan acomodarse, realizar negocios, sacar provecho de su investidura o utilizar el cargo como trampolín político.
Dentro de este panorama, resulta positivo que el número de senadores se reduzca. Pasar de 128 a 96 integrantes representa, sin duda, un avance. Sin embargo, por simple lógica, también debería disminuirse la cantidad de diputados. Podrían mantenerse los 300 que corresponden a los distritos electorales del País, pero bastaría con agregar únicamente 100 más por el principio de representación proporcional, para un total de 400. Esos escaños adicionales podrían asignarse a la fuerza política que obtuviera el segundo mayor respaldo electoral. Una medida de esta naturaleza contribuiría a dotar de mayor legitimidad a la Cámara de Diputados, hoy afectada por una sobrecarga innecesaria y poco productiva.
Otro aspecto que merece reconocimiento es la intención presidencial de reducir el gasto electoral. Se trata de una exigencia ampliamente compartida por la ciudadanía. México figura entre los países que más recursos destinan a sus procesos comiciales, una circunstancia difícil de justificar frente a las numerosas demandas sociales aún insatisfechas. Reducir ese dispendio no solo sería sensato, sino también un acto de responsabilidad frente a las prioridades nacionales.
