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Recuperando el sentido de la representación popular

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Por Ceci Vadillo

Deberán someterse al voto

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa un avance para la democracia y la representatividad en nuestro país. El sistema político que hoy tenemos se diseñó en una época de partido hegemónico, cuando la alternancia era prácticamente inimaginable y la oposición luchaba por tener voz. Hoy la realidad es distinta.

Muchos de los mecanismos que se crearon para garantizar pluralidad han sido utilizados por las cúpulas partidistas para proteger privilegios. Las listas plurinominales se han convertido en refugio de políticos que evitan competir ante la ciudadanía y logran llegar al Congreso sin haber pedido un solo voto.

Así, personajes como Lilly Téllez, Marko Cortés o Alito Moreno se esconden en estas listas sin que la ciudadanía tenga forma de impedirlo. Es absurdo que existan “representantes populares” que nunca fueron votados por nadie.

La reforma busca devolverle sentido a esa palabra: representantes que respondan al voto del pueblo.

¿Qué propone? Que de los 200 diputados de representación proporcional, la mitad se integren con los mejores segundos lugares del país, es decir, con quienes compitieron en territorio y obtuvieron un respaldo real de la ciudadanía. Este sistema ya existe en la Ciudad de México. Yo misma soy diputada de primera minoría en un distrito competitivo, y eso me permite representar a casi la mitad de quienes votaron en mi distrito.

La otra mitad de los plurinominales provendrá de listas de partido, pero con una diferencia fundamental: deberán someterse al voto ciudadano. Las y los votantes podrán elegir a un hombre y a una mujer de estas listas, evitando así que las cúpulas impongan perfiles impresentables.

En el Senado se eliminarán los plurinominales de lista, dejando únicamente la figura de primera minoría y reduciendo 32 escaños, pasando de 128 a 96.

Además, la reforma contempla una reducción del 25% en el gasto electoral, impactando el financiamiento del INE, los OPLE, los tribunales electorales y los partidos políticos.

Esto es relevante si consideramos que los recursos de los partidos muchas veces superan el presupuesto de municipios o Secretarías de Estado enteras.

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