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La suspensión del servicio de hemodiálisis en el centro “Adolfo López Mateos”, mantiene en riesgo extremo a decenas de pacientes renales que no reciben su tratamiento
REDACCION
GRUPO CANTÓN
La interrupción del servicio de hemodiálisis en el Hospital General “Adolfo López Mateos”, en Toluca, encendió la alarma entre pacientes renales y sus familias, quienes enfrentan una crisis médica que avanza con cada día sin tratamiento. Desde hace más de una semana, las máquinas permanecen fuera de operación, dejando a decenas de personas sin el procedimiento que les permite seguir con vida.
Ante la falta de respuestas, los afectados se movilizaron este martes desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) hasta el Palacio de Gobierno, donde exigieron atención inmediata.
Con pancartas y consignas, denunciaron que la suspensión se debe a la falta de insumos y al deterioro de los equipos, una situación que, aseguran, ya cobró la vida de al menos dos pacientes.
Familiares relataron que la ausencia de diálisis provoca una rápida descompensación: acumulación de líquidos, aumento de toxinas en la sangre, hipertensión severa y deterioro neurológico. “Cada día sin sesión es retroceder, es verlos apagarse”, expresó una madre que acompaña a su hijo en la espera de una solución.
La problemática se agudizó con los cambios en el modelo de atención médica. Usuarios señalan que, tras la transición del Seguro Popular al IMSS-Bienestar, el hospital dejó de garantizar tratamientos continuos. Aunque autoridades estatales han reconocido carencias, los pacientes aseguran que las promesas no se han traducido en acciones concretas.
La alternativa privada resulta inalcanzable. Una sola sesión de diálisis cuesta hasta 2,500 pesos, y cada enfermo requiere tres por semana. Para muchas familias, reunir esa cantidad significa elegir entre endeudarse o resignarse a la espera.
Al cierre de la protesta, los manifestantes exigieron la reparación inmediata de las máquinas, el abasto de insumos y la reactivación total del servicio. Advirtieron que la omisión institucional no solo agrava la crisis hospitalaria, sino que coloca a las familias en una lucha diaria contra el tiempo y la indiferencia oficial.
