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La clausura del punto por parte de la Comisión Nacional del Agua destapó una cadena de omisiones y negligencias del gobierno municipal en el manejo del recurso hídrico
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La crisis del agua en el sur del Estado de México volvió a exhibir la incapacidad de los gobiernos municipales para atender uno de los problemas más sensibles para la población.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró un pozo en el municipio de Joquicingo tras detectar irregularidades en su operación, una medida preventiva que busca evitar daños al acuífero Tenancingo, pero que también dejó al descubierto la omisión prolongada de las autoridades locales.
El punto de extracción cerrado forma parte de la infraestructura que abastece a una amplia región del sur mexiquense. Se trata de un acuífero estratégico del que dependen total o parcialmente más de una decena de municipios, cuyos habitantes hoy enfrentan incertidumbre ante posibles afectaciones en el suministro.
La intervención federal no fue producto de una coordinación con el ayuntamiento, sino la consecuencia directa de una supervisión municipal inexistente o ineficaz.
Mientras Conagua activó operativos de inspección en municipios como Jocotitlán, Calimaya y Toluca, donde no se detectaron anomalías, en Joquicingo las irregularidades eran evidentes.
El contraste exhibe la falta de pericia administrativa del gobierno local, que permitió la operación fuera de norma de un pozo sin atender los riesgos de contaminación ni el impacto a largo plazo sobre el acuífero.
Para las familias afectadas, el cierre del pozo no es solo una medida técnica, sino el resultado de decisiones que nunca se tomaron. La falta de mantenimiento, vigilancia y planeación hídrica recae directamente en los ayuntamientos, responsables de garantizar servicios básicos y proteger los recursos naturales de sus comunidades.
Aunque la Conagua ha reiterado que su actuación responde a la defensa del derecho humano al agua y al uso legal del recurso, el fondo del problema permanece intacto: gobiernos municipales rebasados, sin estrategia ni capacidad para anticiparse a una crisis que ahora golpea a la población. En Joquicingo, la clausura no solo cerró un pozo, también abrió un reclamo social contra autoridades que dejaron correr el problema hasta que fue demasiado tarde.
