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Inclusión y legítima defensa

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Por Juan R. Hernández

En el Congreso capitalino y en los estados, el debate público vuelve a un punto esencial: ¿la ley está para conceder favores o para garantizar derechos? Dos iniciativas recientes colocan esa pregunta en el centro.

Por un lado, el diputado Pedro Haces Lago propuso reformar el artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para garantizar el acceso, permanencia y trato no discriminatorio a personas acompañadas de animales de asistencia o de servicio. La propuesta, respaldada por legisladores de distintas fuerzas políticas, busca cerrar la brecha entre el derecho reconocido y la realidad cotidiana de negativas, expulsiones y cobros indebidos.

El mensaje es claro: los animales de asistencia no son mascotas, son herramientas de autonomía. Impedir su acceso equivale a colocar la comodidad por encima de la dignidad. La reforma no crea un derecho nuevo; lo fortalece y armoniza con la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el reconocimiento de los animales como seres sintientes en la Ciudad de México. Además, brinda certeza a los comercios al fijar reglas claras. Una ciudad moderna —se ha dicho— no enfrenta economía contra dignidad; las hace compatibles.

En paralelo, desde la Cámara de Diputados y en coordinación con organizaciones civiles, se impulsa en Quintana Roo una agenda para fortalecer la figura de la legítima defensa. El planteamiento parte de una premisa contundente: ningún ciudadano debería elegir entre proteger a su familia o enfrentar consecuencias legales injustas por hacerlo.

La legítima defensa no es apología de la violencia, sino el reconocimiento de un derecho básico cuando el Estado no llega a tiempo. Se busca alinear la ley con la realidad de familias que exigen seguridad inmediata, sin dejar de lado la prevención ni el fortalecimiento institucional.

Ambas discusiones comparten un hilo conductor: que la ley deje de ser ambigua y se coloque, sin titubeos, del lado de la dignidad, la inclusión y las víctimas. Porque los derechos no se suplican, se garantizan.

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