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Acumula procesos en áreas críticas: genética e identificación forense; no ha logrado dar salida a 662 estudios de ADN entre octubre de 2025 y enero de 2026
ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El reloj de la justicia está detenido para cientos de familias en la Ciudad de México. En un periodo de apenas tres meses, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), liderada por Bertha Alcalde, acumuló un rezago de mil 472 dictámenes en áreas críticas: genética e identificación forense.
No son solo trámites; son nombres, apellidos y el único puente para que una persona desaparecida regrese a casa.
De acuerdo con el oficio A.FGJ-00.2-0281-26, obtenido vía transparencia, la institución no ha logrado dar salida a 662 estudios de ADN y 810 procesos de identificación forense entre octubre de 2025 y enero de 2026.
PERITOS REBASADOS: 25 CASOS POR CABEZA
La crisis tiene rostro operativo. En el laboratorio de genética, donde se realizan las confrontas de ADN vitales para identificar restos humanos, la carga de trabajo es asfixiante: apenas 26 peritos deben lidiar con el acumulado. Esto significa que cada especialista arrastra, en promedio, más de 25 dictámenes pendientes, una cifra que no contempla el flujo diario de nuevas solicitudes que llegan con cada hallazgo o denuncia.
En el área de identificación forense —donde se cruzan la antropología, la dactiloscopia y la medicina— el panorama es aún más desolador con 810 expedientes en el limbo.
Sin estos dictámenes, los restos permanecen en calidad de desconocidos y las investigaciones por homicidio o desaparición simplemente no pueden judicializarse.
Si bien la Fiscalía reporta una presión generalizada en su sistema pericial (con más de 10 mil pendientes en todas las ramas), es en la identificación humana donde el rezago golpea con más fuerza. Aquí, la demora no es una estadística, es una vulneración directa al derecho a la verdad.
Mientras estos mil 472 dictámenes sigan guardados en los escritorios o laboratorios de la FGJ, los cuerpos seguirán sin nombre y los expedientes sin responsables. Para las familias que buscan, la falta de capacidad operativa de la Fiscalía se traduce en una sentencia de espera indefinida.
