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En 2022 El Capitán presentó un subejercicio de más de 191 mdp además de constantes señalamientos de adjudicaciones directas injustificadas para compras de insumos médicos.
Redacción
Ciudad de México. – El actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Merino, cuando se desempeñó como gobernador sustituto de Tabasco en el periodo 2021-2024, presentó un ejercicio irregular de recursos públicos que estuvieron destinados para servicios de salud estatal, de acuerdo con lo revelado en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la revisión fiscal 1788 sobre los gastos que hizo el gobierno de Tabasco en 2022, la Auditoría investigó el ejercicio de 3 mil 182 551 millones de pesos que le fueron transferidos de la federación a la entidad. Del monto detectado, la Auditoría federal detectó un amplio subejercicio. “Existían recursos no comprometidos por 191 millones 544 mil pesos” indica la revisión.
Además de que se registró el subejercicio, la Auditoría obligó al entonces gobierno de Merino Campos a devolver la cantidad de recursos no ejercidos, sin embargo, la entidad se resistió y los entregó con casi tres meses de retraso. Esta situación se dio cuando en 2022 aún estaba presente la pandemia por Covid-19, atención a personas con comorbilidades y una alerta por dengue.
En los resultados de la auditoría, también se iniciaron varias investigaciones por adjudicaciones directas no justificadas. Una de estas contrataciones sin los filtros de una licitación pública correspondió a la compra de 4 millones 279 mil pesos para medicinas y productos alimenticios.
El mismo año el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud de Tabasco (SST) ejerció 6
millones 54 mil pesos para productos químicos básicos, que de acuerdo con la ASF, fue una adjudicación directa injustificada, ya que es un tipo de adquisición de se puede programar.
Otros contratos que la auditoría revisó correspondieron a 3 millones 299 mil pesos para maquinaria y equipo eléctrico y electrónico; 3 millones 298 mil pesos para equipos y aparatos de comunicaciones; 3 millones 130 mil pesos por vestuarios y uniformes; además de 2 millones 615 mil pesos para bienes informáticos.
