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Por Eduardo López Betancourt
Narcotráfico, realidad amarga
Es innegable que el narcotráfico impera en todo el País. Por más que se intente negar o minimizar su alcance, se trata de una realidad amarga y persistente. Los esfuerzos emprendidos para combatir este flagelo han sido numerosos; sin embargo, la problemática no muestra una disminución sustancial. La situación recuerda a la Hidra de Lerna de la mitología griega: por cada cabeza que se le cortaba, surgían dos más. Lo mismo ocurre con el tráfico de drogas. Se detiene a un capo y aparecen otros; se desarticula una estructura y surgen nuevas, en una espiral que parece no tener fin.
Debe reconocerse también una circunstancia aún más preocupante: la implicación de autoridades en distintos niveles de gobierno. Recientemente se informó sobre la detención y el procesamiento de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, municipio emblemático que da nombre a una de las bebidas más representativas de México. Este hecho confirma que el problema no se limita a las organizaciones criminales, sino que alcanza espacios institucionales.
No puede negarse que la Secretaría de Seguridad y su titular han mostrado voluntad y determinación en la lucha contra la delincuencia. No obstante, dentro de esos mismos ámbitos subsisten complicidades que obstaculizan un combate frontal y eficaz contra el narcotráfico.
Hace más de una década, en obras publicadas en España (Drogas: entre el Derecho y el drama, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011) y en México (Drogas: su legalización, Editorial Porrúa, 2016), sostuve que existe una vía estructural para enfrentar este fenómeno: la legalización. Establecer un marco jurídico claro para las drogas, cualquiera que sea su clasificación, permitiría transformar el enfoque actual y atacar las bases económicas que sostienen al crimen organizado.
Sin embargo, esta medida debe ir acompañada de una política educativa firme y permanente, ámbito que ha sido relegado. Resulta alarmante el desinterés hacia un sector tan esencial. Solo mediante una formación sólida en las aulas, con docentes debidamente capacitados, podrá generarse conciencia sobre los riesgos y consecuencias de la drogadicción. La prevención, sustentada en información científica y responsabilidad social, es indispensable.
Legalización y educación deben avanzar de manera paralela. Separadas, resultan insuficientes; unidas, pueden constituir una estrategia integral para enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo.
