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REDACCIÓN
La administración municipal de Jilotepec enfrenta una creciente ola de señalamientos por presunto abuso de poder y prácticas recaudatorias que, lejos de ordenar la vida pública, golpean directamente a las familias. Habitantes del municipio acusan al alcalde priísta Rodolfo Nogués Barajas de permitir un esquema de gobierno basado en la amenaza, la sanción desproporcionada y el cobro inmediato como método de control.
Automovilistas denuncian que Tránsito Municipal impone multas de hasta mil 500 pesos por faltas menores, acompañadas de advertencias de arresto y envío al corralón si el pago no se realiza en el momento. Vecinos aseguran que estas acciones no buscan corregir conductas, sino generar ingresos rápidos a costa del miedo ciudadano, particularmente entre mujeres y adultos mayores.
El malestar se extiende al sector comercial. Empresarios y pequeños comerciantes afirman que el Ayuntamiento exige permisos poco claros y aplica sanciones selectivas, mientras tolera el desorden vial en zonas céntricas. Para ellos, la falta de reglas parejas revela improvisación y una política sin rumbo, donde paga quien puede ser presionado.
Transportistas también reportan detenciones irregulares en puntos estratégicos del municipio, donde elementos municipales, incluso ajenos a Tránsito, solicitan dinero para “arreglar” supuestas faltas. A ello se suma la operación del Juzgado Cívico, señalado por funcionar como instancia recaudadora más que como órgano de justicia administrativa.
Pese a la acumulación de denuncias, el gobierno municipal guarda silencio. La omisión refuerza la percepción de un Ayuntamiento sin capacidad ni voluntad para corregir abusos, y coloca a la autoridad como principal responsable de un clima de hartazgo social que hoy exhibe a Jilotepec como un municipio gobernado con castigo, no con ley.
