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REDACCIÓN
En Zinacantepec, la tala ilegal no se detiene con boletines. Aunque autoridades federales anunciaron la detención y vinculación a proceso de tres presuntos talamontes, en las comunidades cercanas al Nevado de Toluca el daño sigue avanzando sin contención.
Para los habitantes, el operativo fue un golpe menor frente a una devastación cotidiana que se desarrolla a plena vista y sin respuesta del gobierno municipal.
Vecinos de distintas localidades denuncian que camiones cargados con madera circulan de madrugada, que brechas forestales se abren sin permiso y que la vigilancia local es inexistente. La percepción es compartida: el Ayuntamiento, encabezado por Manuel Vilchis Viveros, carece de una estrategia real para enfrentar el problema y ha dejado solos a quienes habitan y protegen el bosque.
La falta de patrullajes, de coordinación con autoridades ambientales y de acciones preventivas ha convertido la tala clandestina en una práctica recurrente. A ello se suma el silencio oficial ante los reclamos ciudadanos, lo que ha alimentado la desconfianza y el enojo social. “Aquí denunciamos y no pasa nada”, coinciden pobladores que ven cómo desaparecen árboles y con ellos la seguridad hídrica y económica de la región.
Mientras las instancias federales actúan de forma reactiva, el gobierno municipal permanece ausente del territorio que administra. La crisis forestal ya es una crisis social: menos agua, más riesgo y comunidades abandonadas. En Zinacantepec, la omisión también gobierna, y tiene nombre y apellido.
