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Juan R. Hernández
CIUDAD DE MÉXICO. – El tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos sigue siendo el principal combustible de la violencia en México. En lo que va de la administración federal, la Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado 18 mil armas largas y cortas en el país, de las cuales entre 77 y 78% tienen procedencia estadounidense, reveló el general secretario Ricardo Trevilla.
Las cifras confirman la ruta del armamento que abastece al crimen organizado. Del total decomisado destacan 215 fusiles calibre .50 tipo Barrett, 20 lanzagranadas calibre .40, 13 lanzacohetes y 273 ametralladoras de distintos calibres, armas diseñadas para el combate militar y no para el uso civil.
El problema se agrava con la munición. De 2012 a la fecha se han asegurado 137 mil cartuchos calibre .50, de los cuales 47% proviene de una empresa vinculada al Pentágono, administrada por un privado y ubicada en las afueras de Kansas City. Estos cartuchos fueron comercializados legalmente en armerías del sur de Estados Unidos antes de ingresar de manera ilegal a territorio mexicano.
La mayor parte de este armamento de alto poder ha sido decomisado en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, y en menor medida en Michoacán y Guerrero, estados que concentran corredores estratégicos del tráfico de armas y los principales focos de confrontación entre grupos criminales.
Ante la desventaja de fuego de las policías locales frente a la delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, recientemente actualizada, permite a la Sedena autorizar —bajo estrictos requisitos y a solicitud de los gobiernos estatales— el uso de armamento de uso exclusivo del Ejército.
Esta autorización ya opera en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, principalmente para ametralladoras calibre 7.62 y 5.56, y ahora Chiapas busca sumarse a este esquema. Sheinbaum aclaró que no se trata de una militarización general, sino de reforzar capacidades específicas en zonas críticas mediante inteligencia e investigación.
La mandataria subrayó que México mantiene demandas contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos y consideró prioritario investigar cómo armamento vinculado al Pentágono termina en manos del crimen organizado.
El tema cobró relevancia internacional luego de que The New York Times revelara el hallazgo de casquillos calibre .50 de esa planta estadounidense tras el tiroteo de Villa Unión, Coahuila, ocurrido hace más de seis años, que dejó 19 presuntos criminales, cuatro policías y dos civiles muertos. Armas de ese calibre han sido usadas en México para asesinar funcionarios, derribar helicópteros y perpetrar masacres.
