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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El diputado Pablo Trejo presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de hacer obligatoria la transparencia salarial y reducir la brecha de género en el ámbito laboral.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 5, 10 y 16 de dicha ley, a fin de que la claridad en las remuneraciones se convierta en un mecanismo efectivo contra la discriminación estructural. De acuerdo con datos citados por el legislador, en la capital del país las mujeres perciben en promedio 83.14 pesos por cada 100 que gana un hombre en trabajos de igual valor, lo que representa una brecha salarial del 16.86 por ciento.
Al fundamentar la iniciativa, Trejo advirtió sobre el lento avance global en materia de equidad de género. Con base en el Informe Global de la Brecha de Género 2024, señaló que, de mantenerse el ritmo actual, la paridad entre mujeres y hombres se alcanzaría hasta dentro de 134 años.
El diputado por el Distrito 15 de Iztacalco subrayó que la falta de transparencia salarial permite la persistencia de sesgos y la infravaloración del trabajo de las mujeres, ya que la legislación vigente no obliga de manera explícita a los empleadores a informar el salario completo en las ofertas de empleo.
La iniciativa retoma las recomendaciones de la Guía para la Reducción de la Brecha Salarial de Género de la Ciudad de México y propone incorporar la transparencia salarial como una obligación para disminuir desigualdades no solo por género, sino también por raza o edad, además de fomentar una gestión moderna de recursos humanos basada en el valor real del trabajo.
Durante su intervención, Trejo Pérez hizo un llamado a las y los legisladores a respaldar la propuesta, al considerar que eliminar la opacidad salarial es un paso clave para combatir la discriminación estructural y garantizar el principio de “a trabajo igual, salario igual”.
La iniciativa, alineada con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres, fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y eventual dictaminación.
