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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El gobierno municipal de Almoloya de Juárez, enfrenta un nuevo golpe a su credibilidad tras la confirmación oficial de un daño patrimonial millonario que compromete directamente a su actual administración.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) resolvió que existió un perjuicio económico a las finanzas públicas por más de un millón de pesos, derivado de irregularidades en la ejecución de obras municipales.
De acuerdo con la resolución emitida en los recursos de revisión RR-PAR/57/2024 y acumulados, la autoridad fiscalizadora determinó mantener firme la responsabilidad administrativa resarcitoria del presidente municipal, Adolfo Jonathan Solís Gómez, así como del director de Obras Públicas, Adolfo Martínez Jiménez.
El monto acreditado del daño asciende a 1 millón 40 mil 620 pesos con 47 centavos, recursos que debieron destinarse al beneficio colectivo y no a prácticas administrativas cuestionables.
Aunque el procedimiento fue sobreseído para otros exfuncionarios, el fondo del caso deja al descubierto una problemática más profunda: la reincidencia de perfiles y esquemas de operación que ya habían sido observados en administraciones anteriores.
Lejos de corregir el rumbo, el actual gobierno municipal parece sostener una estructura que normaliza la opacidad y la falta de controles internos.
La situación se agrava con los señalamientos ciudadanos hacia la Tesorería Municipal, donde persisten dudas sobre la congruencia entre los ingresos oficiales y el patrimonio de su titular.
Estas versiones, no aclaradas públicamente, han incrementado el malestar social y la percepción de impunidad.
Mientras tanto, las consecuencias recaen sobre las familias de Almoloya de Juárez, que enfrentan carencias en servicios y obras inconclusas. La confirmación del daño al erario exhibe a un gobierno municipal sin capacidad técnica ni voluntad política para garantizar un manejo honesto de los recursos públicos.
