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Demandan integrantes del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” la liberación inmediata de Tomás Crisanto quien permanece encarcelado desde hace 15 años
REDACCION
A las puertas del Poder Judicial del Estado de México, una reja metálica colocada sobre el pavimento resumió una tragedia que se prolonga desde hace 15 años. Detrás de ese símbolo está la historia de Tomás Crisanto, indígena otomí de Temoaya, preso por un crimen que no cometió y cuya libertad sigue detenida por la inercia burocrática.
Mujeres del colectivo Haz Valer Mi Libertad alzaron la voz. Al frente, Carmen Flores, esposa de Tomás, sostuvo el plantón con firmeza. “La ley ya dijo que mi esposo debe salir, ¿qué más esperan?”, reclamó. Desde marzo de 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México determinó que el caso cumplía con los criterios de la Ley de Amnistía: Tomás fue juzgado sin intérprete en su lengua materna, sin una defensa adecuada y en un proceso plagado de irregularidades.
A pesar de ello, el expediente sigue atrapado entre escritorios. Abogados y defensores señalaron que el verdadero responsable del homicidio incluso confesó, sin que esto haya sido suficiente para destrabar el caso. “Aquí no hay duda jurídica, hay desinterés institucional”, acusó un representante del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, al advertir que la elección judicial y los trámites internos han pesado más que la vida de un inocente.
El caso de Tomás Crisanto exhibe una problemática estructural: la justicia que llega tarde, especialmente para los pueblos originarios, deja de ser justicia. Mientras las autoridades guardan silencio, una familia permanece rota y un hombre envejece en prisión. La reja simbólica frente al tribunal recordó que, en el Estado de México, la ley puede reconocer el error, pero no siempre tiene la voluntad de repararlo.
