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Reaparece presidenta municipal para encabezar la publicación del Bando Municipal, escoltada por un amplio dispositivo de seguridad pese a la crisis política y social que vive el municipio
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Lejos de atender el fondo del conflicto que mantiene paralizado a El Oro, la presidenta municipal Juana Díaz Peñaloza optó por reaparecer en un acto público cuidadosamente blindado.
La publicación del Bando Municipal se realizó este jueves bajo un fuerte resguardo policial y con la presencia de sólo algunos regidores afines, en un municipio donde el descontento social crece ante la ausencia de soluciones reales por parte del ayuntamiento.
El recorrido, que incluyó el Mercado Municipal y el Jardín Central, tuvo más forma de desfile que de acto cívico, en un intento por proyectar normalidad institucional. Sin embargo, la imagen contrastó con la realidad que enfrentan las familias aurenses, que desde hace semanas acusan a la alcaldesa de negligencia, desorden administrativo y falta de capacidad para conducir el gobierno local.
Mientras Díaz Peñaloza encabezaba el evento acompañada por una banda de guerra integrada por estudiantes de primaria, ciudadanos y regidores inconformes, que reiteraban su exigencia de destitución, señalando que la crisis no es reciente, sino resultado de una cadena de decisiones erráticas y omisiones que han deteriorado la vida pública del municipio.
La falta de pericia política del gobierno municipal obligó ya la intervención de la Secretaría General de Gobierno, que sostuvo reuniones por separado con la alcaldesa y el cabildo inconforme en Toluca. A ello se suman encuentros de la presidenta municipal con funcionarios estatales en Palacio de Gobierno, lo que ha sido interpretado por la población como un intento de respaldo institucional.
Esta percepción de protección estatal, lejos de apaciguar los ánimos, ha profundizado la desconfianza ciudadana. La gobernabilidad en El Oro permanece comprometida y la distancia entre autoridad y sociedad se ensancha, mientras la alcaldesa insiste en actos públicos que no resuelven el conflicto ni responden a las demandas de fondo de la población.
