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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El caso de “Lobito”, un perro de edad avanzada brutalmente arrojado desde una escalera en Naucalpan, exhibe una doble realidad: por un lado, la capacidad de la sociedad para reaccionar con solidaridad; por el otro, la lentitud de las autoridades para castigar un acto de crueldad extrema.
El ataque ocurrió el pasado 28 de enero y quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, generando indignación colectiva.
El animal sufrió lesiones severas que comprometían su movilidad y su vida. Tras el rescate, la asociación Mundo Patitas asumió su custodia y cubrió los gastos de una cirugía ortopédica que permitió estabilizarlo.
Aunque la operación fue exitosa, el proceso apenas comienza. “Lobito”, de 10 años, necesita rehabilitación física constante, terapias especializadas y cuidados diarios. Su recuperación puede extenderse hasta seis semanas, con costos elevados que dependen exclusivamente del apoyo ciudadano. Aun así, los veterinarios reportan avances: ya puede sentarse y dar algunos pasos.
En contraste con el esfuerzo social, la respuesta institucional sigue ausente.
El ayuntamiento de Naucalpan reconoció que los presuntos responsables son personas identificadas por su comportamiento conflictivo; sin embargo, hasta ahora no se reportan detenciones ni avances públicos en la investigación. La denuncia formal ya fue presentada ante la Fiscalía mexiquense.
Vecinos y defensores de los derechos animales advierten que la impunidad en estos casos envía un mensaje peligroso. El maltrato animal está tipificado como delito, pero su persecución sigue siendo deficiente. La exigencia es clara: que la justicia actúe con la misma rapidez con la que la sociedad respondió para salvar la vida de “Lobito”.
