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Por Eduardo López Betancourt
La justicia debe ser vertical
La readaptación y construcción del Tren Interoceánico ha sido una de las obras de infraestructura más relevantes de los últimos tiempos. Su objetivo es impulsar una región estratégica al conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, a través de la ruta que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca. Esta vía, conocida como la Línea Z del Corredor Interoceánico, atraviesa el Istmo de Tehuantepec en un trayecto aproximado de 212 a 227 kilómetros, con un tiempo estimado de recorrido de siete a ocho horas, y representa una promesa de desarrollo y bienestar para miles de habitantes.
No obstante, un reciente descarrilamiento ha ensombrecido gravemente dicho proyecto, dejando un saldo trágico de 14 personas fallecidas y 109 heridas, además de cuantiosas pérdidas materiales, hechos que han conmocionado a la opinión pública nacional.
La preocupación es mayúscula, pues el accidente ocurre cuando la obra apenas inicia operaciones, lo que abre serios cuestionamientos sobre la seguridad, calidad y supervisión de la infraestructura. Se han manejado diversas hipótesis sobre las causas del siniestro, entre ellas posibles fallas de ingeniería, deficiencias en el trazo de las vías y problemas en la calidad de los materiales utilizados, generando un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población.
La Fiscalía General de la República ha señalado como presuntos responsables al conductor y a empleados de menor rango, lo que ha despertado suspicacias sobre la eventual construcción de un “chivo expiatorio”. Resulta indispensable que se realicen peritajes técnicos exhaustivos, independientes y transparentes, con la participación de especialistas de alto nivel, incluyendo al Instituto de Ingeniería de la UNAM, a fin de determinar con rigor las causas reales del accidente y deslindar responsabilidades con objetividad.
Este caso exige una investigación profunda y honesta, sin simulaciones ni encubrimientos. La justicia debe ser vertical, clara y congruente con los hechos, sin marginar circunstancias ni ocultar verdades incómodas. Es momento de otorgar a la sociedad lo que durante años ha reclamado: justicia auténtica y sin concesiones.
No debe olvidarse que la seguridad de los ciudadanos es un derecho fundamental y una obligación irrenunciable del Estado. La impunidad y la corrupción no pueden tener cabida en un país que aspira al desarrollo, la legalidad y la verdadera justicia.
