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Polémica por suplentes en nómina del Senado; sin control de recursos públicos

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Algunos reciben contratos adicionales pagados por el propio órgano legislativo, lo que abre la puerta a esquemas de privilegio y favoritismo político

Redacción
Grupo Cantón

Ciudad de México.- Una nueva controversia sacude al Senado de la República: al menos una veintena de legisladores de Morena, PVEM, PRI y PAN mantienen a sus suplentes contratados dentro de la nómina de la Cámara Alta, una práctica que, si bien no está prohibida por la ley, ha encendido las alertas por posibles conflictos de interés y el uso discrecional de recursos públicos.

El problema no es únicamente que los suplentes trabajen en el Senado, sino que además de ocupar cargos administrativos o de asesoría, algunos reciben contratos adicionales pagados por el propio órgano legislativo, lo que abre la puerta a esquemas de privilegio y favoritismo político.

El caso que más ha llamado la atención es el del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Su suplente, Óscar Palomera Cano, militante morenista y parte de su círculo cercano desde los años en que López fue gobernador de Tabasco, fue nombrado en septiembre de 2024 como secretario general de Servicios Administrativos. La designación generó críticas inmediatas por la cercanía personal y política, así como por el doble rol que desempeña dentro de la estructura legislativa.

Especialistas en transparencia advierten que estas contrataciones, aunque legales, representan una zona gris que puede derivar en falta de imparcialidad y en un manejo poco claro del presupuesto.

Señalan que los suplentes, al depender políticamente de los
senadores titulares, podrían beneficiarse de recursos públicos sin controles suficientes.

El debate ha puesto sobre la mesa la urgencia de revisar los mecanismos de contratación en el Senado y establecer límites claros para evitar que la nómina se convierta en una red de favores políticos. Mientras tanto, la polémica crece y reaviva los cuestionamientos sobre la ética en el ejercicio legislativo y la congruencia entre el discurso de austeridad y las prácticas internas del Poder Legislativo.

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