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Por Ana E. Rosete
En la Ciudad de México hay una línea que muchos conocen, pocos respetan y casi nadie quiere trazar con claridad: la que separa al funcionario público del político en campaña permanente. El problema no es que ambas figuras convivan, sino cuando una termina por anular a la otra. Y eso es ocurre en el choque entre Tomás Pliego y Alessandra Rojo de la Vega.
Pliego decidió cruzar esa línea y lo hizo con la herramienta más vieja del manual político: la guerra sucia. Señalamientos, insinuaciones y descalificaciones que no buscan corregir una política pública ni advertir un riesgo institucional, sino minar la credibilidad de una adversaria desde el lodo. La pregunta no es si está en su derecho como actor político —lo está—, sino hasta dónde es legítimo hacerlo.
Porque una cosa es la crítica política y otra muy distinta es usar el poder, el micrófono o la cercanía con el aparato institucional para golpear. Cuando eso ocurre, el funcionario deja de ser garante del interés público y se convierte en operador.
Pero el análisis estaría incompleto —y sería cómodo— si se colocara a Alessandra Rojo de la Vega únicamente en el papel de víctima. La alcaldesa de Cuauhtémoc ha sido señalada, no sin razón, como la “alcaldesa tiktokera”, una figura que gobierna con el celular en la mano y la narrativa en tiempo real. Ella misma ha decidido que casi todo sea público: recorridos, conflictos, diferencias, respuestas y confrontaciones. Cuando se gobierna desde las redes, se gobierna bajo escrutinio permanente. Y quien abre la puerta a la exposición total no puede sorprenderse cuando llegan los cuestionamientos, los señalamientos y los ataques.
Aquí está la discrepancia central: Rojo de la Vega actúa como política en una lógica de opinión pública constante; Pliego responde como político desde una trinchera que debería ser institucional. Ambos privilegian la confrontación sobre la gestión y ambos alimentan una narrativa donde el adversario importa más que el resultado.
El problema de fondo no es personal, es estructural. En la CDMX hemos normalizado que el cargo público sea extensión de la disputa política.Porque es cierto: al ser funcionario, lo privado se vuelve público. Pero también debería ser cierto lo contrario: al ser funcionario, no todo vale. Ni la guerra sucia desde el poder, ni el gobierno convertido en escenario permanente.
