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Práctica, denunciada por expertos, constituye una violación directa a tratados de derechos humanos constitucionalizados en el país
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El gobierno mexicano ha incurrido en incumplimiento grave de obligaciones internacionales al realizar entregas masivas de prisioneros a Estados Unidos mediante órdenes administrativas de “expulsión”, evadiendo los procedimientos de extradición.
Esta práctica, denunciada por expertos, constituye una violación directa a tratados de derechos humanos constitucionalizados en el país.
En el contexto de las presiones del presidente estadounidense Donald Trump, desde febrero de 2025 se han registrado tres envíos masivos de presuntos capos. El primero, a fines de ese mes, con 29 personas; el segundo, el 12 de agosto, con 26; y el más reciente, el 20 de enero, con 37 narcotraficantes. Familiares y defensores alegan que se trató de traslados ilegales.
El Estado mexicano es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos, con rango constitucional, prohíben la expulsión arbitraria de nacionales y exigen procedimiento previo, control judicial y recurso efectivo para cualquier restricción. La Convención Americana (art. 22.5) establece: “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional”.
“El problema no es la cooperación con Estados Unidos, sino que esta se realice sin el cauce jurídico previsto”, advierte el especialista en Derecho, Marco Antonio Avilés. Señala que se sustituye el control judicial por decisiones administrativas o políticas, amparadas en un argumento de “seguridad nacional”.
“Esas normas no se anulan con la palabra seguridad nacional”, explica Avilés. “Precisamente esos tratados contemplan que la seguridad nacional puede justificar restricciones legales, pero no atajos que eliminen la intervención de un juez”.
Al optar por la expulsión en lugar de la extradición, México no solo vulnera el debido proceso, sino que renuncia a imponer las condiciones que su propia ley y los tratados le exigen para proteger los derechos de las personas, incluso aquellas acusadas de graves delitos. La práctica, según el experto, crea un peligroso precedente donde la conveniencia política prevalece sobre el estado de derecho.
