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Afectadas señalan que las acciones pasaron de la intimidación verbal a amenazas y, posteriormente, a la reasignación forzada de puestos, horarios y lugares de trabajo, sin su consentimiento
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Trabajadoras del Hospital Veterinario de la Ciudad de México denunciaron una serie de presuntas represalias laborales tras haber hecho públicas las carencias de medicamentos y las malas condiciones sanitarias en dicho centro, situación que —aseguran— se intensificó bajo la gestión de Ana Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal.
De acuerdo con testimonios difundidos por Lucía Hernández, de Amo La Ciencia, las veterinarias viven un clima de miedo y acoso laboral, luego de que la respuesta institucional no fuera la atención a las irregularidades señaladas, sino castigos directos contra quienes alzaron la voz.
Las afectadas señalan que las acciones pasaron de la intimidación verbal a amenazas y, posteriormente, a la reasignación forzada de puestos, horarios y lugares de trabajo, sin su consentimiento.
Las denunciantes subrayan que estas medidas no corresponden a ajustes administrativos, sino a modificaciones unilaterales que violan los nombramientos vigentes y, presuntamente, la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de desplazar del hospital a las trabajadoras inconformes.
Según lo expuesto, la propia Villagrán habría advertido al personal que podrían enfrentar denuncias penales ante el Ministerio Público si difundían información sobre el estado real del hospital. Incluso, mediante una circular interna, se habría equiparado el acto de informar a la ciudadanía con la comisión de un delito, lo que fue interpretado por las trabajadoras como un intento de silenciar las denuncias.
Las acusaciones apuntan a un presunto abuso de poder y a un uso de la estructura institucional para intimidar y castigar a personal médico veterinario. En este contexto, las trabajadoras cuestionan por qué la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Desarrollo Económico, Julia Álvarez, permitirían que estas prácticas continúen.
“¿Cuántas represalias más están dispuestas a tolerar para respaldar a Villagrán?”, se preguntan las afectadas, quienes insisten en que denunciar irregularidades no debería ser motivo de castigo, sino el primer paso para mejorar la atención y el bienestar animal en la capital.
