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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
Sin lugar a dudas, el transporte público del área metropolitana se encuentra cada vez en condiciones más deplorables. Es evidente que la Ciudad de México y el Estado de México conforman una sola unidad funcional, en la que diariamente se movilizan cientos de miles de trabajadores hacia sus centros laborales, por lo que cualquier deficiencia impacta de manera directa en su vida cotidiana.
Recientemente se presentó un hecho insólito e indignante: en el Estado de México se autorizó un aumento en la tarifa del pasaje, decisión que generó un profundo malestar entre los usuarios. No solo se encarece el traslado diario, sino que además se cobra más por un servicio cada vez más deficiente, operado con camiones en condiciones mecánicas lamentables, muchas obsoletas.
Resulta impostergable que tanto las autoridades capitalinas como las de la entidad vecina atiendan este problema con seriedad, coordinación y voluntad política. No se trata únicamente de una cuestión de comodidad, sino de seguridad pública, pues el mal estado del transporte ha sido causa recurrente de accidentes.
El transporte es un servicio esencial en cualquier sociedad moderna. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora han sido superficiales, improvisadas y poco eficaces. A la pésima calidad de las unidades se suma la presencia de conductores mal capacitados, imprudentes y con actitudes grosera.
En algunos puntos se ha intentado paliar la crisis mediante la transportación aérea por góndolas, pero esta alternativa ha resultado insuficiente y poco confiable, especialmente debido a los constantes cortes de energía eléctrica, que paralizan el servicio y generan mayor frustración entre la población.
Es indispensable priorizar el transporte masivo, particularmente el subterráneo, cuya eficacia ha quedado demostrada a lo largo del tiempo. Este modelo debe fortalecerse y ampliarse, sin abandonar la modernización y regulación estricta del transporte terrestre.
Atender este problema no es un lujo, sino una necesidad urgente para garantizar una convivencia social digna. La precariedad del transporte público afecta la productividad, la seguridad y la calidad de vida de miles de trabajadores, quienes padecen retrasos, riesgos y abusos. La omisión también es una forma de irresponsabilidad gubernamental.
