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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
Alejandro Gertz Manero pasará a la historia como el peor Fiscal y más nefasto que ha tenido el País. Su salida del cargo no fue casual ni gratuita: fue consecuencia de un sinnúmero de hechos que sería interminable enumerar, todos ellos marcados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, fabricación de delitos y persecuciones personales.
Resultaba imposible que el actual gobierno continuara cargando con un personaje sin escrúpulos, que utilizó una institución fundamental del Estado mexicano para su beneficio personal. Su “traslado” a una posición dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como uno más entre más de doscientos embajadores en activo, sin contar, además, con carrera diplomática, ha sido interpretado por algunos como un premio.
Gertz Manero será, con toda seguridad, un diplomático efímero. Sobre él pesa un cúmulo de acusaciones provenientes de innumerables personas que fueron lastimadas, afectadas e incluso encarceladas como consecuencia de su conducta inmoral y abusiva.
Su ratificación en el Senado fue tan breve como irrelevante. Sin embargo, hay un hecho que no puede pasar inadvertido: uno de los integrantes de la Comisión Permanente que avaló su nombramiento conoce de primera mano las fechorías del exfiscal. El diputado Ricardo Monreal está plenamente enterado del proceder ilícito de Gertz Manero. Por ello, resultó particularmente penoso el papel del legislador zacatecano, cuando decidió atribuirle cualidades inexistentes. Es cierto que la política obliga a tragarse sapos, pero una cosa es cumplir con una consigna y otra muy distinta es recurrir a alabanzas desmedidas y carentes de sustento. Ahí fue donde Monreal quedó mal, no con la oposición, sino con la memoria pública.
Debe quedar claro: no es ningún mérito que Gertz Manero represente a México en el exterior. Con todo, era aún peor que se mantuviera como Fiscal General de la República. En ese cargo actuó no solo en contra del derecho, sino, lo más grave, para obtener prebendas personales. Durante su gestión amasó una fortuna incalculable, producto de una red de ilícitos donde la extorsión, el abuso de poder y otros hechos graves fueron una constante.
Esos recursos, obtenidos de manera ilegal, deberán regresar al patrimonio nacional. La impunidad no puede ser la herencia final de quien convirtió la procuración de justicia en un negocio personal.
