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Beneficio económico activo para obtener información que permita localizar a personas desaparecidas, es aplicada de forma especial por la Fiscalía desde 2014
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En colonias, barrios y municipios del Estado de México, la desaparición de una persona no es una estadística, sino una herida abierta.
Actualmente, la Fiscalía estatal mantiene vigentes 212 recompensas para quienes aporten información que ayude a localizar a personas desaparecidas; sin embargo, el número resulta mínimo frente a las más de 14 mil desapariciones registradas oficialmente en la entidad.
Para familias y vecinos, esta brecha refleja una respuesta institucional limitada ante una problemática que ya es social y humanitaria.
El esquema de recompensas opera desde 2014 y se activa, de acuerdo con la autoridad, cuando las investigaciones se estancan o se trata de casos considerados de alta complejidad.
El mecanismo promete confidencialidad y protección a informantes, con la expectativa de romper el silencio que rodea muchos expedientes. No obstante, colectivos de búsqueda advierten que la medida es tardía y excluyente. “No todos los casos reciben el mismo trato, aunque el dolor sea el mismo”, lamenta una madre buscadora en el Valle de Toluca.
Vecinos señalan que, mientras algunas fichas se difunden con incentivos económicos, cientos de familias recorren hospitales, barrancas y servicios forenses sin respaldo suficiente. La pregunta se repite en reuniones comunitarias y marchas: por qué solo algunos casos acceden a recompensas públicas y otros quedan relegados al olvido burocrático.
A la par, la Fiscalía ofrece 93 recompensas adicionales por delitos como homicidio, secuestro y delincuencia organizada, con montos que pueden alcanzar cifras mucho mayores. Esta diferencia alimenta la percepción de que la desaparición de personas no recibe la misma prioridad que otros delitos de alto impacto.
La exigencia social es clara: ampliar los mecanismos de búsqueda, garantizar investigaciones constantes y asumir que la desaparición masiva no es un asunto excepcional, sino una emergencia cotidiana que sigue creciendo ante la mirada angustiada de familias y comunidades enteras.
