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Por Juan R. Hernández
El acoso telefónico ya no es una molestia: es una forma cotidiana de violencia. Basta con que alguien dé tu número —sin tu consentimiento— para que una maquinaria de hostigamiento se active en tu contra. Llamadas a cualquier hora, tonos amenazantes, voces que exigen a personas inexistentes. ¿Le suena?
Los números 55 98 74 32 80 y 55 98 75 13 94 de Banco Azteca son sólo un ejemplo en la Ciudad de México: operadores que buscan a una tal “Yesenia”, que no vive ahí ni se le conoce, pero que sirven de pretexto para insistir una y otra vez, mañana, tarde y noche.
El problema no es sólo quien pide créditos y da datos falsos. El verdadero foco rojo está en las empresas de cobranza extrajudicial que no verifican información, que convierten errores en método y el hostigamiento en negocio. Ahí se cierra el círculo vicioso: hay deudores irresponsables, sí; hay víctimas inocentes, también; pero hay un tercer actor que lucra con el miedo y la intimidación.
Las amenazas veladas, las llamadas fuera de horario, el acoso a familiares o terceros son prácticas documentadas. En 2025, 3 de cada 10 reclamaciones ante la Condusef estuvieron ligadas a cobranza abusiva. Profeco ha registrado despachos que realizan entre 10 y 20 llamadas diarias a una misma persona, incluso fines de semana, e incluso a centros de trabajo. Eso no es cobranza: es persecución.
¿Y la autoridad? Silencio administrativo. Nadie frena, nadie sanciona con contundencia. Las leyes existen, pero no muerden. Mientras tanto, la vida de miles se vuelve un infierno por llamadas que no deben, de deudas que no contrajeron.
Urge poner límites claros, sanciones ejemplares y un registro público de despachos abusivos. El teléfono no puede ser un arma. Y la impunidad, mucho menos una política pública. ¿Quién se hace cargo? Esa llamada sigue pendiente.
