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Por Juan R. Hernández
El amor de un padre es capaz de recorrer kilómetros, tocar puertas cerradas y alzar la voz hasta que el cansancio se vuelve rabia. Jair lo sabe bien. Camina no por romanticismo, sino por necesidad. Su exigencia es tan básica que resulta vergonzosa para el Estado: una oportunidad laboral para su hija. Ni dádivas ni favores. Trabajo.
Rocío Elizabeth Espinosa Díaz tiene 22 años, estudia Derecho y vive con una discapacidad que, en el México real —no en el de los discursos— sigue siendo una condena anticipada al desempleo. Su talento, preparación y ganas chocan una y otra vez contra el muro más sólido del país: la simulación de la inclusión.
Rocío no pide privilegios. Quiere trabajar, ser independiente y pagar sus propios gastos médicos. Pero en un país donde la discapacidad sigue siendo vista como carga y no como capacidad, su historia se repite miles de veces. Aquí la inclusión es consigna, no política pública efectiva.
Por eso Jair apela a lo más alto: a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. No porque crea en milagros, sino porque las instituciones intermedias ya le fallaron. Y cuando un padre tiene que ir de puerta en puerta para que su hija ejerza un derecho básico, el problema no es familiar, es estructural.
El diputado Francisco Soria Islas, de Morena, propuso reformar la Ley de Desarrollo Urbano para obligar a nuevas construcciones a incorporar medidas básicas de sustentabilidad, como energía solar o techos verdes.
Tiene razón cuando afirma que el desarrollo urbano se siente en lo diario: en el agua que falta, en el calor que sofoca, en el recibo de luz que no alcanza. Tlalpan, pulmón de la ciudad, con más del 80% de su territorio como suelo de conservación, enfrenta hoy más calor, menos agua y mayor desgaste ambiental. Y no es la excepción: es el espejo de lo que vive gran parte de la capital.
