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Aunque han perdido millones de afiliados en la última década, los partidos recibirán más de 587 millones de pesos en la capital ; especialista advierte que el financiamiento sostiene burocracias, no representación ciudadana.
Javier Lether
Ciudad de México.–Pese a la caída sostenida de afiliados y al debilitamiento de su vida partidista, los partidos políticos en la Ciudad de México recibirán en 2026 587 millones 712 mil 191 pesos en financiamiento público para actividades ordinarias, de acuerdo con el reparto aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Morena y el PAN concentrarán la mayor parte de los recursos, con 143.6 millones y 132.8 millones de pesos, respectivamente, seguidos por el Partido Verde (76.1 millones), Movimiento Ciudadano (65.9 millones), PRI (64.9 millones), PT (63.5 millones) y PRD (40.5 millones).
El reparto contrasta con la drástica reducción de militantes registrada por los partidos a nivel nacional entre 2017 y 2023, según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE). En ese periodo, el PRI perdió más de 4.9 millones de afiliados (–77.8%), el PRD 4.2 millones (–80.9%) y el PAN más de 100 mil (–26.7%).
En conjunto, el padrón total de militantes cayó 52.6%, al pasar de 13.6 millones a 6.4 millones de personas entre 2017 y 2023.
Para Akzayakatl García García, politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y representante de la asociación civil Miradas de la Selva Política, este contraste exhibe una desconexión estructural entre el dinero público y la representación política real.
“Como ciudadano, en estricto sentido, no tendría lógica que partidos con pérdida masiva de militantes sigan recibiendo financiamiento millonario. Estamos hablando de cantidades muy importantes que no se corresponden con su base social”, señaló en entrevista con Diario Basta.
García explicó que el modelo vigente no toma en cuenta la militancia activa, sino el tamaño del padrón electoral y los votos obtenidos en la última elección, un esquema heredado de la reforma electoral de 1996. “Esa reforma tenía sentido en su momento, cuando partidos de oposición como el PRD o el PAN no podían competir frente al PRI hegemónico. Hoy el contexto es completamente distinto”, apuntó.
A su juicio, el diseño actual ha favorecido la simulación partidista. “La ley establece que el 30 por ciento del financiamiento se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos con registro. Eso ha convertido el registro en un negocio rentable. Hay partidos que sobreviven no por su trabajo político, sino por ese subsidio”, afirmó.
El politólogo sostuvo que, en la práctica, gran parte de los recursos etiquetados para actividades ordinarias se destinan a nómina, estructuras administrativas y burocracia interna, más que a formación política o trabajo territorial. “No es que pagar salarios sea malo, el problema es que eso refuerza la percepción ciudadana de que se trata de un gasto innecesario”, dijo.
García García subrayó que no existen mecanismos efectivos para obligar a los partidos a demostrar que realmente representan a sectores sociales. “La ley no contempla evaluar una base social real porque los padrones internos pueden manipularse. Si de eso dependiera el presupuesto, un partido inflaría su militancia de la noche a la mañana”, explicó.
Aunque el INE audita los gastos, añadió, las sanciones se limitan a multas administrativas. “El partido paga la multa con el mismo dinero público que recibe. No hay consecuencias que modifiquen el comportamiento”, señaló.
El contraste se vuelve más evidente al observar que partidos con crecimiento en afiliación, como Morena —que pasó de 319 mil militantes en 2017 a más de 2.3 millones en 2023— reciben recursos bajo el mismo esquema que fuerzas políticas con pérdidas históricas, sin que la militancia tenga peso real en la fórmula de asignación.
Para el especialista, el modelo actual fortalece la equidad procedimental, pero no la democracia sustantiva. “Garantiza piso parejo para competir, pero no incentiva la participación ciudadana ni el vínculo con la sociedad. El partido deja de ser un intermediario político y se convierte en un aparato subsidiado”, concluyó.
Mientras tanto, el financiamiento público continúa fluyendo año con año, incluso hacia partidos que han perdido millones de militantes y cuya presencia social es cada vez más limitada.
