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La crisis política y administrativa del municipio, obligó la intervención del gobierno estatal y el Congreso mexiquense, tras colapso de servicios públicos, provocado por alcaldesa
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El municipio de El Oro se convirtió en un foco rojo de ingobernabilidad que forzó la intervención del gobierno del Estado de México y del Congreso local, ante la incapacidad de la administración encabezada por la presidenta municipal Juana Elizabeth Díaz Peñaloza para contener una crisis que ya impacta directamente a la población.
Desde noviembre, habitantes del Pueblo Mágico enfrentan la suspensión prolongada de la recolección de basura, lo que ha derivado en tiraderos improvisados y prácticas insalubres. A ello se suma el desabasto constante de agua potable, la falta de alumbrado público en calles principales y colonias completas, así como la clausura del rastro municipal, decisión que encareció de forma abrupta productos básicos y afectó a comerciantes y consumidores.
Frente al deterioro de los servicios y al creciente descontento social, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, sostuvo una reunión con la alcaldesa en Palacio de Gobierno.
Tras el encuentro, anunció la instalación de mesas de diálogo con regidores, delegados y ciudadanos inconformes, con el argumento de reconstruir acuerdos y evitar una escalada mayor del conflicto, pese a que semanas antes había minimizado la situación al calificarla como un diferendo político interno.
Desde el Congreso estatal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, reconoció que existen al menos ocho denuncias ante la Contraloría en contra de la alcaldesa, relacionadas con presuntas omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Aunque señaló que se revisarán con cautela, admitió que la prioridad debe ser restablecer los servicios y la gobernabilidad.
La crisis expuso una administración municipal rebasada. Regidores han denunciado que, pese a contar con un presupuesto aprobado para servicios y nómina, El Oro permanece en penumbras y sin respuestas claras, evidenciando una gestión ineficiente que trasladó el costo político y social directamente a la ciudadanía.
