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Por Ana E. Rosete
@espinosa_rosete
En la Ciudad de México ya no hace falta derribar edificios a martillazos: basta con torcer la ley, firmar permisos selectivos y mirar hacia otro lado. El llamado nuevo cártel inmobiliario no es una conspiración marginal ni una anécdota panista; es el rostro más crudo y vil de un gobierno que permitió que el desarrollo urbano se convirtiera en negocio privado.
La narrativa oficial ha insistido en que la corrupción inmobiliaria es cosa del pasado, hasta parece que Clara Brugada se olvidó de los panistas que están involucrados para permitir la conformación de un nuevo cártel bajo el respaldo del oficialismo.
Los hechos —siempre más necios que el discurso— cuentan otra historia: edificios irregulares que aparecen como hongos, dictámenes flexibles, sanciones inexistentes y autoridades que solo reaccionan cuando el escándalo ya es inocultable.
El Refugio Franciscano lo confirma todo. Un espacio destinado históricamente a la asistencia social, a la protección de los más vulnerables, termina envuelto en una trama de irregularidades. Lo verdaderamente grave no es que existan desarrolladores voraces —eso ocurre en cualquier gran ciudad— sino que el gobierno capitalino actúe como facilitador pasivo, cuando no como socio indirecto.
Porque el cártel inmobiliario no opera solo con dinero: necesita funcionarios dóciles, marcos normativos elásticos y una autoridad dispuesta a confundir fiscalización con persecución política selectiva.
La reacción oficial ante el escándalo del Refugio Franciscano ha sido reveladora: comunicados ambiguos, investigaciones anunciadas sin plazos ni responsables, y un silencio administrativo que contrasta con la velocidad con la que se autorizan nuevas torres de departamentos donde antes había casas, árboles o servicios saturados. El discurso gubernamental insiste en que se combate la corrupción, pero evita una pregunta incómoda: ¿cómo explicar que el modelo inmobiliario que prometieron erradicar siga funcionando con otros nombres, otros sellos y la misma impunidad?
El nuevo cártel inmobiliario y el escándalo del Refugio Franciscano no son episodios aislados: son síntomas de una ciudad gobernada más por intereses que por reglas, más por cálculo político que por planeación urbana. Una ciudad donde incluso los espacios de ayuda social pueden ser sacrificados en el altar del negocio.
