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- Reciben los ejidatarios una certeza jurídica por sus tierras
- Se ha beneficiado a 111 comunidades indígenas con apoyos sociales
- Califica como histórico el reconocimiento a los pueblos originarias
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Bajo el sol tibio de San Miguel de Allende, entre cerros que guardan memoria y miradas que cargan décadas de espera, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un acto que para las comunidades no fue protocolario, sino profundamente simbólico: la entrega de la documentación agraria que reconoce la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar.
Con ese gesto, se cerró de manera pacífica un conflicto agrario de más de 80 años y se dio cuerpo al Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro.
La escena fue de emoción contenida. Carpeta en mano, la mandataria habló de justicia más allá del papel constitucional. “No basta con que quede en la letra, el gobierno tiene la obligación de hacerla realidad”, dijo, mientras insistía en que el primer paso es el reconocimiento de la tierra originaria. Para los ejidatarios, no fue solo un documento: fue la confirmación de que su historia, por fin, fue escuchada.
Sheinbaum desgranó los avances del Plan de Justicia como quien enumera promesas cumplidas y pendientes visibles: la recuperación de la Capilla del Puerto de Calderón, cinco comedores escolares, el Centro de Excelencia de Partería y Bienestar, más de mil apoyos de vivienda, jóvenes incorporados a programas productivos y obras básicas que comienzan a cambiar la vida cotidiana.
También habló de lo que falta: el decreto de lugares sagrados, la restauración de capillas familiares, la certeza jurídica de la tierra y el acceso pleno al agua.
El momento tuvo un giro íntimo cuando recordó a Andrés Manuel López Obrador y leyó un fragmento de su libro “Grandeza”, evocando a los pueblos originarios como raíz viva de México. El aplauso fue largo. No era solo por el pasado, sino por un presente que empieza a corregirse.
Adelfo Regino, titular del INPI, puso cifras al relato: casi 794 millones de pesos invertidos, 111 comunidades beneficiadas, caminos, casas de lengua, electrificación y tierras recuperadas. Jesusa Rodríguez habló de una deuda histórica que no admite descanso, y Nadia Rodríguez Ramírez pidió desarrollo sin destrucción. Al final, Israel Ramírez González, presidente del nuevo ejido, lo dijo sencillo: hoy, la justicia llegó a su tierra.
