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Por Juan R. Hernández
La portada de Diario Basta no pasó desapercibida en el Congreso capitalino. La diputada del PAN, Claudia Susana Pérez Romero, la retomó para poner el dedo en una herida que crece todos los días en calles, barrancas y espacios públicos: la separación obligatoria de residuos sólidos en la Ciudad de México, una política que nació con buenas intenciones, pero que hoy evidencia improvisación y falta de gobierno.
El objetivo original —mejorar el manejo de la basura y avanzar hacia la sustentabilidad que marca la Agenda 2030— era correcto. El problema vino después. La medida se aplicó sin planeación real, sin supervisión constante y con una coordinación institucional deficiente, especialmente en alcaldías como Tláhuac y Álvaro Obregón, donde simplemente no existen los insumos, herramientas ni el presupuesto necesario para cumplir la instrucción.
El resultado está a la vista: basureros clandestinos multiplicándose. La basura no desapareció; solo cambió de lugar. Calles, áreas verdes y barrancas se han convertido en tiraderos improvisados ante la ausencia de rutas claras de recolección diferenciada, vigilancia efectiva y sanciones reales.
Diagnósticos oficiales y reportes periodísticos coinciden: la capital mantiene cientos de tiraderos ilegales activos, muchos en zonas ambientalmente vulnerables. Una señal clara de la incapacidad estructural para prevenir y erradicar estos focos de contaminación, mientras se exige corresponsabilidad a la ciudadanía sin ofrecer condiciones mínimas para cumplirla.
Las consecuencias no son menores: riesgos a la salud pública, daño ambiental, deterioro del entorno urbano y mayor peligro de inundaciones por coladeras y drenajes obstruidos. La sustentabilidad no se decreta; se construye con planeación, capacidad institucional y rendición de cuentas.
Sin correcciones de fondo, la separación obligatoria seguirá separando algo más que residuos: la realidad del discurso oficial.
