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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La incertidumbre se ha vuelto parte de la rutina escolar en la primaria “Felipe Carrillo Puerto”, ubicada en Ixtlahuaca, donde padres, madres y docentes advierten que las condiciones físicas del plantel representan una amenaza constante para la comunidad educativa. Muros cuarteados, techos debilitados y cimientos dañados son el reflejo de un inmueble rebasado por el paso del tiempo y por los efectos acumulados de diversos sismos.
De acuerdo con los testimonios de familias consternadas, el riesgo fue reconocido oficialmente desde 2017, cuando autoridades de Protección Civil y del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa clasificaron la escuela en código rojo y recomendaron su demolición total. Sin embargo, la falta de acciones concretas ha prolongado el uso de las instalaciones, obligando a niñas y niños a tomar clases en un espacio considerado estructuralmente inseguro.
Ante la falta de respuestas, padres de familia contrataron un peritaje independiente que confirmó la gravedad del daño y la necesidad de desalojar el inmueble de manera inmediata. Incluso, existe un oficio de la Secretaría de Educación estatal que declara el plantel como no utilizable, sin que ello se haya traducido en una solución real.
La comunidad ha propuesto alternativas viables, como la reubicación temporal en aulas prefabricadas y la asignación de un nuevo predio para construir una escuela segura. “No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo protección para nuestros hijos”, reclamó un padre de familia.
Mientras las grietas avanzan y la preocupación crece, la denuncia social se mantiene firme: la burocracia y la indiferencia oficial continúan poniendo en riesgo la vida de menores y docentes, en espera de una decisión que no puede seguir postergándose.
