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Veterinarios del recinto denuncian la falta de insumos y de atención adecuada a los animales, mientras la titular de AGATAN advierte que denunciar podría acarrear consecuencias legales
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- Trabajadores del Hospital Veterinario de la capital denunciaron que Ana Jocelyn Villagrán Villasana, titular de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), envió una circular interna en la que advierte al personal que podría ser denunciado penalmente ante el Ministerio Público si difunde información sobre las graves condiciones en las que opera la unidad.
El documento, firmado por Villagrán, cita el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalando que la divulgación de información sobre carencias podría constituir una falta administrativa grave con consecuencias legales.
Los trabajadores, incluidos médicos veterinarios y personal operativo, han reportado desde hace más de un año la falta de medicamentos, anestesia, sueros y material básico para atender a los animales, sin que las autoridades —incluido el director del hospital, Roberto Cordero— hayan ofrecido soluciones.
“En lugar de atacar a quienes lo denuncian, debemos atender el hospital veterinario para que el hospital funcione adecuadamente”, mencionó la diputada local del Congreso de la CDMX por el Partido Acción Nacional (PAN), Lizeth Salgado, en entrevista para el Diario Basta!
“Por un lado, debemos garantizar el bienestar de los animales, que son seres sintientes, y las autoridades deben apegarse al debido proceso y transparentar la información. Por otro lado, los trabajadores del hospital veterinario enfrentan carencias que afectan su labor y, por ende, la atención a los animales de nuestra ciudad”, agregó Salgado.
Las carencias han generado riesgos sanitarios importantes en el hospital. Veterinarios señalan que muchos perros rescatados durante programas como “perros peregrinos” han sido alojados en oficinas del personal no diseñadas para atención animal, sin ventilación ni drenaje adecuados, lo que ha propiciado hacinamiento y el contagio de enfermedades como el moquillo.
El personal afirmó que los problemas se han reportado repetidamente tanto a Cordero como a Villagrán, pero no han recibido respuestas contundentes ni acciones correctivas. La amenaza de sanciones penales ha sido percibida como una forma de intimidación para evitar que se divulguen públicamente las condiciones de trabajo y el estado en que llegan los animales.
La diputada destacó que desde la bancada del PAN se han impulsado exhortos para que las autoridades cumplan con la legislación vigente en materia de protección animal, asegurando que la prioridad debe ser siempre el bienestar de los animales. Además, aseguró que estarán atentas a cualquier visita o inspección en los refugios y hospitales para verificar directamente las condiciones.
Este conflicto ocurre en un contexto en el que, en diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó un operativo en el Refugio Franciscano, donde se rescataron a 936 animales en condiciones de hacinamiento, insalubridad y desnutrición severa; 57 fueron hospitalizados y 21 murieron antes de la intervención oficial, según peritajes forenses.
Salgado subrayó la necesidad de revisar y fortalecer las políticas públicas de protección animal, insistiendo en que los animales no son juguetes y que la responsabilidad de tener una mascota debe ser tomada con seriedad.
“Es urgente una revisión de la política pública en esta materia. Los animalitos tienen derechos y es nuestra obligación como autoridades garantizar que se respeten”, concluyó.
Mientras tanto, legisladores locales han señalado la falta de un censo oficial de albergues y la necesidad de vigilancia y políticas públicas claras para refugios y atención animal en la capital.
