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Colectivos impugnaron el nombramiento de un integrante del órgano ciudadano del SNB al señalar un posible conflicto con la Ley General en materia de desaparición
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.–La reciente designación de un integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ha generado cuestionamientos por presunta violación de la ley, luego de que colectivos denunciaron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) que uno de sus miembros es funcionario público, situación que estaría prohibida por la legislación vigente.
Se trata de Francisco Javier Espinosa Granados, designado en septiembre de 2025 por el Senado de la República como consejero ciudadano. Según registros oficiales, Espinosa Granados trabaja desde el 1 de octubre de 2010 en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde ocupa el puesto de jefe de oficina dentro de la Dirección de Adquisiciones, almacenes y aseguramiento.
El caso fue reportado por la red de colectivos Víctimas Unidas, que entregó un escrito a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con más de 300 firmas de respaldo, en el que se reclama que la designación de un servidor público al consejo contraviene lo establecido en la Ley General en materia de desaparición.
El artículo 60 de esa ley establece que el Consejo Ciudadano debe estar conformado por familiares de personas desaparecidas, especialistas en derechos humanos, búsqueda o investigación, y representantes de organizaciones civiles, sin desempeñar ningún cargo como servidor público, y que su función sea honorífica, sin contraprestación económica.
Espinosa Granados se postuló al consejo como familiar de un desaparecido: busca a su hijo, desaparecido desde 2004, tras un incidente en Aguascalientes. No obstante, la incompatibilidad entre su cargo gubernamental y la normatividad de la ley es el eje de las críticas de activistas, quienes señalan que “la ley lo dice muy claro” y que, de respetarse, un servidor público no debería postularse ni integrar el órgano consultivo.
La designación de los integrantes del Consejo Ciudadano ocurrió luego de un proceso de comparecencias iniciado en julio de 2025 por el Senado, tras medio año de retraso. Más de 40 aspirantes participaron, incluyendo familiares de desaparecidos, miembros de organizaciones civiles y especialistas, de donde se eligieron 13 perfiles para integrar el consejo hasta 2027.
