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Se criminaliza a los rescatadores de animales, hay desalojo ilegal, se derrumba la imagen de la “Ciudad animalista” con autoridades capitalinas bajo cuestionamiento público
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La polémica en torno al conflicto del Refugio Franciscano en Cuajimalpa escaló a un nuevo nivel. Más allá del discurso de bienestar animal, el caso exhibe —de acuerdo con el analista político y especialista en asuntos capitalinos, Alejandro Envila Fisher— una presunta compraventa simulada, un fraude fiscal millonario contra el gobierno capitalino y la posible omisión o complicidad de diversas autoridades, incluida la alcaldía Cuajimalpa. En entrevista con Diario Basta, el experto sostiene que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no solo puede, sino debe intervenir.
“El problema no es un pleito entre particulares, como se ha querido presentar. Aquí hay una simulación de actos jurídicos y un daño directo al erario capitalino”, afirma Envila. El terreno en disputa —de 16.5 hectáreas, equivalente a 165 mil metros cuadrados— fue reportado como vendido en 650 mil pesos, una cifra que califica como “absolutamente increíble”. “No existe en México un predio de ese tamaño con ese valor, ni siquiera en el ejido más pobre y sin servicios. Es un absurdo”.
Evasión por más de 200 mdp
Envila explica que en toda compraventa de inmuebles interviene un notario, quien está obligado a exigir un avalúo y calcular los impuestos locales conforme al valor real de la operación. “Si se simula un precio tan bajo, los impuestos pagados son ridículos. Pero si el terreno vale cientos o miles de millones, como todo indica, el daño fiscal es enorme”.
De acuerdo con sus cálculos, la evasión fiscal superaría los 200 millones de pesos, recursos que dejaron de ingresar a la hacienda capitalina. “A quien defraudaron fue al Gobierno de la Ciudad de México. Por eso resulta inaceptable que digan que no les interesa el predio. Es dinero de la ciudad”.
Operación triangulada y autoridades señaladas
Documentos oficiales confirman que el predio fue vendido al fideicomiso 303 de Banco Ve por Más, lo que, a juicio del analista, evidencia una operación triangulada. “No se vendió directamente a una inmobiliaria, sino a un fideicomiso bancario, una práctica común para intentar cubrir huellas”, advierte.
Envila señala que corresponde a la Secretaría de Finanzas reclamar los recursos evadidos y a la Fiscalía capitalina investigar el fraude fiscal. También cuestiona el papel del Colegio de Notarios y del notario que protocolizó la operación.
Desalojo ilegal
El especialista sostiene que el caso involucra al Poder Judicial, dependencias del Gobierno capitalino, la Junta de Asistencia Privada y a la alcaldía Cuajimalpa, gobernada por el panista Carlos Orvañanos. Denuncia que el 10 de diciembre se ejecutó un desalojo ilegal, sin que la sentencia estuviera firme y con uso de la fuerza pública.
“El discurso de la ciudad animalista quedó severamente dañado”, concluye Envila. “Aquí hay simulación, fraude fiscal y corrupción. No es solo un problema de animales, es un problema de legalidad y de dinero público. Y por eso, Clara Brugada sí tiene que intervenir”.
