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Por Juan R. Hernández
En la política capitalina suelen convivir decisiones que abren oportunidades, resultados que merecen reconocerse y escándalos que exigen explicación. Esta semana, al menos tres temas lo confirman.
Primero, una buena noticia para el sector productivo. La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México aprobó ampliar el plazo de inscripción para la Medalla al Mérito Empresarial 2026 hasta el 28 de febrero, una decisión que, aunque administrativa, tiene fondo político: reconocer que muchas empresas y emprendedores quedaron fuera por tiempos ajustados y periodos vacacionales. La presidenta de la comisión, América Alejandra Rangel Lorenzana, lo dijo claro: abrir la puerta a más proyectos es también fortalecer el empleo, la innovación y la economía local. En un entorno complejo, el mensaje es correcto.
Segundo, los números de Iztacalco. La estrategia de seguridad cerró 2025 con una reducción cercana al 30% en homicidio doloso y de más del 55% en robo de vehículo con violencia. No son cifras menores. Según la ADIP, los delitos de alto impacto bajaron 13.81% respecto a 2024 y casi 30% frente a 2022. En tiempos donde la percepción suele imponerse a los datos, aquí hay resultados concretos que respaldan la coordinación institucional y muestran que la seguridad sí puede mejorar cuando hay trabajo constante.
Y tercero, el tema incómodo: el Refugio Franciscano en Cuajimalpa. Más allá del discurso de bienestar animal, el caso revela —como advierte el analista Alejandro Envila Fisher— una presunta compraventa simulada, un posible fraude fiscal millonario y la sospecha de omisiones oficiales. Un terreno de 16.5 hectáreas reportado en 650 mil pesos no es solo inverosímil, es alarmante. La evasión, calcula el experto, superaría los 200 millones de pesos. Aquí no hay pleito entre particulares: hay un posible daño directo al erario. Y cuando eso ocurre, la autoridad no puede mirar hacia otro lado.
