Visitas
Pese a talleres y visitas de especialistas, los programas aún son parciales y voluntarios, sin integración estructural en la educación, dejando a cientos de miles de estudiantes en riesgo emocional sin atención continua ni protocolos claros
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- A casi un año de la puesta en marcha de los programas de salud mental en planteles públicos de la Ciudad de México, la intervención de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) —encabezada por Pedro Moctezuma Barragán— y del Gobierno capitalino ha sido insuficiente, fragmentada y sin evidencia clara de eficacia real para frenar la crisis emocional entre estudiantes.
La atención a la salud mental en escuelas públicas de la Ciudad de México es prácticamente inexistente. Solo alrededor del 1.4 % de las escuelas públicas cuentan con psicólogo escolar. Esto significa que, de 35 mil 800 secundarias, apenas mil 64 tienen psicólogos, y de 86 mil 800 primarias, solo 693 cuentan con atención psicológica. En bachilleratos, la situación tampoco mejora: solo 314 docentes han recibido formación en psicología para apoyar a estudiantes. Esta cobertura es claramente insuficiente frente a la alta demanda de atención emocional y psicológica entre jóvenes en edad escolar.
En mayo de 2025, el gobierno local presentó la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”, con la promesa de atender a más de 900 mil integrantes de comunidades escolares, incluida la presencia de 200 especialistas de salud mental que visitarian escuelas cada 15 días para talleres, escucha y canalización de casos.
El programa es una estrategia de salud mental impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y fue implementada operativamente por la Secretaría de Salud de la CDMX, encabezada por la Dra. Nadine Gasman Zylbermann, junto con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), dirigido por Amaya Ordorika Imaz, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, cuyo titular es el Dr. Luciano Concheiro, también Etelvina Sandoval, como Subsecretaria de la SECTEI, tuvo un papel clave para la coordinación interinstitucional.
Las cifras disponibles carecen de evaluaciones independientes, y no existe evidencia pública de que estas visitas periódicas hayan reducido de manera significativa problemas como ansiedad, depresión, ideación suicida o violencia escolar entre los más de 700 mil estudiantes de secundaria y preparatoria a los que se dijo que se dirigiría el programa. La atención de 6 mil estudiantes durante la fase piloto apenas representa una fracción de la población objetivo.
Las autoridades anunciaron que 200 profesionales recorrerían escuelas cada quince días; aún con ello, eso significa que cada escuela recibe atención especializada apenas unas cuantas veces al año, lo que es insuficiente para tratar problemas que requieren continuidad y seguimiento clínico.
Pese al despliegue de especialistas, no hay protocolos claros ni métricas públicas que midan el impacto real en la salud mental de los estudiantes, lo que pone en duda si estas acciones son más simbólicas que efectivas.
Aunque se ha reivindicado la importancia de capacitar a docentes para detectar señales de riesgo, no hay datos oficiales sobre cuántos docentes han recibido formación útil ni sobre la calidad o frecuencia de dicha capacitación. Esto se traduce en que, en muchas escuelas, docentes se enfrentan a crisis emocionales de estudiantes sin herramientas ni apoyo continuo.
Además, iniciativas legislativas locales como la de la diputada Isabela Rosales (MORENA), que plantea reformar la Ley de Salud Mental de la CDMX para que todos los planteles cuenten con personal especializado y programas de salud mental integrados en los planes de estudio, evidencian que hasta ahora los esfuerzos son voluntarios y dependientes del programa, no una política educativa estructuralmente integrada.
Los problemas que estos programas buscan mitigar —como acoso escolar, ansiedad, depresión y riesgos suicidas— persisten de manera alarmante entre los jóvenes. Datos nacionales sobre bullying muestran que una gran proporción de alumnos han sido víctimas o testigos de acoso, un factor estrechamente ligado a dificultades de salud mental, y es poco claro cómo las intervenciones actuales han logrado modificar este escenario.
Asimismo, el presupuesto destinado —como los 37.9 millones de pesos anunciados en 2025 para salud mental escolar— es considerado modesto frente a las necesidades reales de un sistema educativo con cientos de miles de estudiantes en riesgo emocional.
