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Alista FGR reestructura de fondo: Revisarán más de 250 delegaciones

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Se diseña plan integral para que delegaciones cuenten con personal capacitado, infraestructura tecnológica y protocolos homologados que garanticen atención eficaz a denuncias ciudadanas

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) se encamina a una reestructura profunda que busca fortalecer sus delegaciones estatales y mejorar la atención de los delitos en todo el país. De acuerdo con datos preliminares, más de 250 delegaciones serán revisadas y ajustadas, como parte de una estrategia para agilizar la atención de más de 110 mil carpetas de investigación actualmente abiertas.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este proceso es la razón por la cual Ernestina Godoy, próxima titular de la FGR, aún no se ha incorporado al gabinete de seguridad, ya que se encuentra concentrada en el diseño de la nueva estrategia institucional. El objetivo, dijo, es que las delegaciones cuenten con personal suficiente, recursos tecnológicos y protocolos homologados que permitan responder con mayor eficacia a las denuncias ciudadanas.

Sheinbaum adelantó que en los próximos días se presentará el informe nacional sobre personas desaparecidas, el cual integrará información de las denuncias registradas en todo el país. Este documento permitirá identificar cuántos casos cuentan con datos completos para avanzar en las investigaciones y en cuáles la falta de información ha frenado los procesos.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que el tema de las desapariciones forma parte central de la estrategia nacional de seguridad y se atiende de manera coordinada entre dependencias federales, la FGR, el Poder Judicial, gobiernos estatales y corporaciones policiacas. También destacó el trabajo de la Secretaría de Gobernación con colectivos de familiares, quienes participan en mesas de análisis y propuestas.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que se busca establecer un mecanismo para atender denuncias por desaparición en un plazo máximo de 48 horas, con el fin de reducir la impunidad y brindar respuestas inmediatas a las familias, priorizando la sensibilidad social y resultados concretos.

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