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Aunque Estafeta presentó una oferta casi 3 millones de dólares más barata, su propuesta fue invalidada por un error en la firma del documento
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) asignó un contrato de mensajería internacional a la empresa RedPack, por un monto de 6.1 millones de dólares, más IVA, para la entrega de credenciales para votar fuera del país. Con impuestos incluidos, el gasto podría alcanzar los 7.8 millones de dólares, aun cuando no se trató de la propuesta más económica del proceso.
En la misma licitación participó Estafeta Mexicana, que presentó una oferta por 3.6 millones de dólares más IVA y cumplió con los requisitos técnicos establecidos. Sin embargo, su propuesta fue descartada durante la evaluación económica debido a un incumplimiento administrativo relacionado con la firma del documento.
Según documentos del procedimiento de licitación LP-INE-026/2025, la autoridad electoral determinó invalidar la propuesta de Estafeta al detectar que el documento económico no estaba firmado por su representante legal, lo cual contraviene lo estipulado en el numeral 2, inciso d, de la convocatoria.
El INE confirmó que el fallo se emitió el 11 de noviembre pasado y que RedPack comenzó a prestar el servicio ese mismo mes, con vigencia hasta octubre del próximo año.
El organismo explicó que uno de los factores que influyó en la decisión fue la experiencia de RedPack, empresa que, desde 2020, se ha encargado de la distribución de credenciales en el extranjero sin reportes de incidentes. El instituto subrayó que el traslado de este tipo de documentos es considerado un asunto de seguridad nacional, por lo que la trayectoria del proveedor resultó determinante.
Además, se trata de un contrato abierto, condicionado a la disponibilidad de recursos, mediante el cual se planea enviar hasta 264 mil 700 credenciales para votar fuera del territorio nacional.
El acta de apertura de propuestas económicas señaló que la oferta de Estafeta fue firmada por Valerie Garibay. No obstante, el INE consideró inválida dicha firma, al no corresponder a la persona acreditada legalmente para representar a la empresa.
